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Efe
Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 6 de febrero 2025, 10:46
Un hombre se enfrenta la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a una petición de penas de cerca de ocho años de prisión por considerarlo la Fiscalía autor de un presunto delito contra la libertad sexual, maltrato en el ámbito de la violencia doméstica y de género.
El matrimonio había mantenido una relación sentimental durante veinte años de la que habían nacido dos hijos y que había cesado hacía algunos meses antes de ocurrir los hechos aunque ambos continuaban la convivencia con sus hijos en el mismo domicilio, ocupando él la planta superior y ella la inferior.
Según el escrito de la Fiscalía, en una ocasión el hombre se introdujo en la habitación donde dormía la mujer y le empezó a gritar que tenía otro hombre, a la vez que retiraba la colcha y llevaba a cabo diversos tocamientos mientras ella le pedía sin lograrlo que parara.
El relato de la Fiscalía señala que el hijo menor alertado por los gritos acudió al dormitorio y entonces al parecer el procesado le propinó una bofetada por lo que la esposa asustada y para evitar que continuara la agresión accedió a salir de la casa y subir a un vehículo vestida en pijama, tal y como él exigía.
Durante el trayecto, según el escrito del Ministerio Fiscal, continuaron los gritos y al llegar a una rotonda y disminuir la velocidad del coche ella se arrojó del vehículo mientras circulaba.
El resultado fue que la mujer sufrió diversas lesiones en la región lumbar derecha, sacra, hematoma en el muslo y rodilla derecha y hombro izquierdo,heridas que tardaron diez días en curarse.
Tras presentar la víctima una denuncia, el hombre estuvo privado de libertad de forma provisional y se dictó una orden de protección, que consistía en no poder comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros a la mujer y a su hijo menor durante la tramitación de este procedimiento judicial.
Otras penas accesorias solicitadas son que en caso de ser condenado una orden de alejamiento cuando salga de prisión de medio kilómetro del domicilio durante tres años y otros cinco de libertad vigilada, prohibición de portar armas a lo largo de dos años y medio y el pago de una indemnización de 500 euros a la mujer por las lesiones sufridas.
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