Los perros guía podrán acceder a cualquier espacio abierto al público en todo el país

La norma busca ofrecer una vida más independiente a las personas ciegas o con alguna discapacidad visual, que son la gran mayoría de los usuarios de estos canes, pero también ampliar la movilidad sin restricciones ni discriminación de personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera, que requieren de perros adiestrados para avisar de la emisión de sonidos y su procedencia; de ciudadanos con discapacidad física, que necesitan este apoyo y auxilio en actividades de la vida diaria; de personas con trastornos del espectro autista, que deben ser asistidas por estos canes para aumentar su autonomía personal; o de españoles con patologías que acarrean crisis recurrentes con desconexión sensorial y que necesitan estar acompañadas por un perro adiestrado para dar la alerta médica.

El decreto garantizará que las personas con discapacidad puedan acceder con sus perros de asistencia a lugares públicos o de uso público, incluidos los de titularidad privada, en cualquier lugar de España. Podrán acceder a centros educativos, culturales, deportivos o sanitarios, excepto a quirófanos y otras áreas en las que deban garantizarse unas condiciones higiénicas especiales. Pero también tendrán libertad para entrar en comercios, supermercados o mercados, alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería y restauración, museos y teatros. De igual forma, se garantiza el acceso de los perros a playas, áreas recreativas y recintos de piscinas y parques acuáticos, eso sí, en estos últimos sin poder entrar en el agua.

El usuario podrá acceder a su puesto de trabajo junto a su perro de asistencia, y mantenerlo a su lado en todo momento, y tiene derecho a viajar con él en los medios de transporte colectivo, sin que por ello se le exija un billete o pago adicional, ampliándose este supuesto al transporte aéreo, siempre que lo notifique previamente a la compañía área o al operador y que cumpla la normativa aplicable al transporte de perros de asistencia.

La futura normativa, que incluye algunas limitaciones y excepciones vinculadas a la salud pública o a la seguridad de la persona y del animal, supondrá, tras su aprobación, que los impedimentos o denegaciones de acceso que sufra una persona que necesita un perro de asistencia serán consideradas violaciones del derecho a la accesibilidad, igualdad y no discriminación.

El real decreto describirá la relación entre la persona con discapacidad y su perro de asistencia como una unidad en todo el territorio español y obligará a que estos animales sean formados para el desempeño de sus funciones por profesionales con acreditación oficial para la educación, la socialización y el adiestramiento de perros de asistencia, bien pertenezcan a entidades o sean profesionales autónomos.

La regulación estatal incluirá medidas específicas para mejorar el bienestar de estos perros, con obligaciones de cuidado y respeto para las personas usuarias y para las entidades o profesionales encargados de su adiestramiento. Los canes tendrán reconocido su derecho al descanso, estableciéndose que puedan dejar de prestar servicio cuando cumplan diez años, pero manteniendo su derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez pasado su tiempo en activo.