María Luisa Ordóñez: «Necesitamos oficinas de atención a las víctimas»

Francisco José Fajardo

Martes, 12 de marzo 2019, 09:56

— ¿Cómo explica el aumento del 20% en el número de denuncias en España por delitos sexuales en 2018?

— Quizás hay más voluntad y menos miedo a la hora de denunciar. Las mujeres estamos mostrando más fortaleza a la hora de contar algo tan íntimo. Es difícil para ellas, pero cada vez las mujeres somos más valientes.

— ¿Y que solo 2% de las denuncias en violencia sobre la mujer provengan del entorno de la víctima?

— Es algo que estamos tratando de transmitir. Que los vecinos, familia o quien presencie un acto de violencia, que lo denuncie. Muchos delitos quedan ocultos por la relación de dependencia que tienen ellas con el agresor y no solo ellas, sino sus hijos que están desprotegidos. Si son testigos o sospechan de algo, es importante que den el paso y lo pongan en conocimiento de las autoridades.

— Tras la sentencia de La Manada, ¿qué cambios introduciría en el Código Penal?

— En el delito de agresión sexual se debe de recuperar el término de violación porque la gente no sabe distinguirlos. Tenemos que poner el ojo y reflexionar para modificar esos preceptos y recuperar la terminología que la sociedad ha usado siempre. En el delito del acoso, deberíamos reflexionar sobre la exigencia del elemento de alteración grave de la vida de la víctima ya que considero que es muy riguroso y, por ende, difícil que se produzca.

— Usted siempre ha insistido en que la coordinación y los recursos son piezas claves en la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer.

— Efectivamente, la evolución del trabajo que hemos desarrollado nos ayuda a plantear cuestiones a potenciar en el futuro. En materia de coordinación, es importante trabajar codo con codo con la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia. Es fundamental porque nos encontramos con situaciones de desprotección, riesgo o en las que hay que hacer un seguimiento detallado de los menores. Por ello es vital la coordinación entre el Instituto Canario de Igualdad, la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, Fiscalía y juzgados para garantizar una actuación inmediata con personal especializado y evitar los supuestos en los que se produzca un exceso de intervención de especialistas. Por ejemplo, en asuntos que investigan la muerte de una mujer, se tiene que garantizar la protección de los menores.

— También están las mujeres mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad por dependencia...

— Aquí también debemos estar coordinados con la Dirección General de Dependencia y Discapacidad ya que hay pocos recursos y tenemos que aprovecharlos de la mejor manera. Hablamos de mujeres en situación de riesgo ante la existencia de un posible agresor y ahí la coordinación es necesaria para poder actuar de forma eficaz en la protección sin acudir a medidas más restrictivas de libertad para el agresor y poder ayudarlas a ellas.

— ¿Se ha mejorado la forma de actuar de las instituciones en asuntos de muertes violentas o de especial gravedad?

— Sí ya que está funcionando muy bien la coordinación entre la Fiscalía, los cabildos insulares y la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Canarias para garantizar que, en los supuestos que sean necesarios, las víctimas vayan acompañadas a los juzgados por un psicólogo y un trabajador social. Eso nos permite adaptarnos a sus necesidades y centralizar la información de derechos y recursos que pueda disponer el Servicio de la Mujer del Gobierno de Canarias para evitar que tengan que hacer un periplo por varias instituciones y puedan ser atendidas de una sola vez. También garantizamos que accedan por un conducto cerrado a sede judicial y que declaren en salas amigables para víctimas y menores.

— ¿Cuáles son las necesidades que detecta la Fiscalía Provincial?

— Necesitamos una oficina de atención a las víctimas. Se están dando pasos para la elaboración de un decreto y es importante, no solo para la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer, sino de cualquier otro delito. Nos tienen que oír porque precisamos también de puntos de encuentro familiar para proteger a los menores. Tenemos que contar con nuestro propio punto de encuentro para derivar a familias que, por ejemplo, tienen órdenes de alejamiento y no pueden entregar a los niños porque no pueden aproximarse. Hay situaciones en las que no hay personas que puedan asumir esta función con control y garantías. En otros casos estos puntos de encuentro son necesarios para que los régimenes de visitas se desarrollen en ese lugar de forma tutelada. De esta manera, los especialistas nos podrían elaborar informes para determinar si esos regímenes de visitas son convenientes o se tienen que tomar especiales cautelas. Si hay situaciones de riesgo en las que aún no se puede determinar si se suspende el régimen de visitas o no, ese punto de encuentro es un paso intermedio que ofrece garantías.

— ¿Qué importancia tendría la creación de unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer?

— Todavía no están previstas en el decreto del Instituto de Medicina Legal, pero tengo claro que sería conveniente una reforma del mismo que regulara estas actividades porque ahora solo hay un trabajador social y un psicólogo para toda la isla. La magnitud del trabajo que tienen es enorme y requiere de una especialización determinada, por lo que su labor es fundamental. Tenemos la necesidad de unidades con personal suficiente y adecuado. En resumen, precisamos oficinas de atención a las víctimas, puntos de encuentro familiar y que estas unidades tengan personal suficiente.

— ¿Cuáles son los avances más significativos que ha experimentado la Fiscalía en Violencia sobre la Mujer?

— Hemos promovido por parte de la sección que haya un trabajo conjunto de los fiscales y una actuación en la que todos estemos implicados de la misma manera. En su día, solicitamos a la Delegación del Gobierno que los fiscales estuviésemos presentes en las reuniones de coordinación municipal de los servicios de atención a la mujer. Estamos acudiendo a ellas y es una manera de sensibilizarnos y de crear canales de comunicación con los trabajadores sociales. Queremos trasladarles que estamos aquí, que nuestra voluntad es la de trabajar y que, ante sospechas, aquí nos encontramos para seguir protegiendo a la mujer si detectamos que hay indicios de delito. Desde la sección de Violencia de la Fiscalía estamos pidiendo órdenes de protección sino lo hacen las víctimas cuando hay menores, indemnizaciones adecuadas por daño moral cuando hay maltrato habitual, aplicamos el agravante por razones de género y perseguimos la prostitución coactiva y la trata de seres humanos. Me parece importante quue la propia estructura de la Fiscalía contemplara la existencia de fiscales especialistas en delitos de naturaleza sexual o que, finalmente, esta función se asumiera por los fiscales de Violencia sobre la Mujer. Este sería un gran paso de cara al futuro y la aplicación del Convenio de Estambul.

— ¿Tiene datos sobre los procedimientos en los que se ha pedido el archivo por poder acusar al denunciado ya que las mujeres se acogieron a su derecho a no declarar y no contar el fiscal con medios probatorios?

— Desde marzo a diciembre de 2018, hemos detectado en la provincia de Las Palmas que en un 21% de los asuntos la Fiscalía no ha podido formular actuación al no haber querido declarar la víctima contra su agresor, una cifra bastante significativa. Hay que replantearse ese artículo en el caso de que el titular de ese derecho sea la víctima para que no pueda acogerse a su derecho a no declarar. Hay necesidad de introducir las declaraciones realizadas por las presuntas víctimas en la fase de instrucción.

— ¿Le preocupa el mensaje que está lanzando Vox acerca de la violencia sobre la mujer?

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— Preocupa cualquier lenguaje o mensaje que pueda ir en contra al trabajo que se está desarrollando en la protección de las mujeres. Queremos seguir avanzando y no dar pasos hacia atrás.