La macro fiesta ilegal de Ciudad Real llega a su fin

Según informó este lunes el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, «la entrada en la fiesta es casi nula y esta última noche ha sido más tranquila y con menos luces y música». La Subdelegación del Gobierno no ha querido atender la petición del Ayuntamiento de Ciudad Real -gobernado por el PP y Vox- de desalojar a los asistentes a esta «rave» para evitar un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes que podría haber acabado en una batalla campal.

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En cuanto al balance de incidencias, la tercera edición de la «Big Fucking Party» va a finalizar con varias detenciones: un hombre sobre el que pesaba una orden de arresto de la Audiencia Provincial de Madrid por tenencia de drogas, otro que tenía una requisitoria de un juzgado de Vitoria (Álava) por un delito de lesiones, una mujer de 40 años por intentar eludir violentamente el control policial de acceso, un hombre por amenazar a un grupos de asistentes con un cuchillo y portar sustancias estupefacientes y otro varón por intentar robar una furgoneta. A esto hay que sumar decenas de denuncias interpuestas por la Policía Nacional y la Guardia Civil por tenencia de drogas, posesión de armas blancas, resistencia a la autoridad, y conducción bajo los efectos de alcohol y drogas. «No se han registrado incidentes significativos graves y desde que comenzó la fiesta los cuerpos de seguridad, con 170 agentes, han estado desplegados por la zona», subrayó el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real.

Una «rave» ilegal que ha enfurecido no sólo a los responsables del aeropuerto de Ciudad Real por haber sufrido la ocupación de los terrenos de su polígono industrial -han presentado una denuncia- sino también a los hosteleros ciudadrealeños, que se sienten víctimas de la competencia desleal, y a organizaciones como la Asociación Española de Consumidores, que ha expresado su malestar por la «pasividad de todas las administraciones públicas ante la proliferación de estas fiestas ilegales a las que acuden miles de personas sin que existan garantías de su seguridad ni de los productos que están consumiendo», según su presidente, Miguel Ángel Ruiz.

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En su opinión, «es preocupante que se permita la instalación en propiedades privadas o en sitios públicos sin que haya habido ningún control previo y sin que se haya hecho nada para impedirlo y también preocupa lo que se consume sin ningún tipo de control en cuanto al etiquetado o la manipulación de alimentos por parte de las administraciones públicas con competencia en la materia». Fiestas que campan en la impunidad, según la Asociación Española de Consumidores, «sin que se conozcan sanciones administrativas o sin que se controle si se venden drogas o alcohol a menores».