Mª Ángeles Jaime de Pablo (i), presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. C7
El impago de las pensiones: una conducta «generalizada» de la violencia económica
25N ·
Es un problema «típico» y «sistémico», no «una cuestión aislada» señala Mª Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis
El «delito de impago de pensiones es una conducta típica de la violencia económica. Y es algo sistémico y generalizado, no una cuestión aislada». Así lo afirma Mª Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Se trata de un problema «importante y una expresión básica» de la violencia contra las mujeres. Es más, añade la jurista, «la dependencia económica es clave para mantener el subordinamiento de las mujeres, y muchas veces no se produce aislada sino en combinación con otras violencias».
La experta, que participó en unas jornadas sobre violencia de género que organizó el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, recordó algunas cifras. En 2012 se incoaron 22.679 diligencias previas por delito de impago de pensiones, un 23% más que en 2018, que alcanzaron las 16.638. Pero más allá de estos datos, no hay estadísticas que puedan aportar luz sobre este ingente problema que no solo afecta a las mujeres sino a los hijos a cargo.
«En España cuatro de cada cinco familias monoparentales están lideradas por una mujer», dice la experta. Según el último informe Arope, el 81,3 % de estos hogares están a cargo de mujeres. Por eso, recalca, no pagar la pensión «no es solo robar a los hijos sino sobrecargar a las madres porque intentan hacer un sobreesfuerzo tratando de subsanar las carencias trabajando mañana, tarde y noche», afirma Jaime de Pablo. La jurista recuerda dos casos concretos que ella misma llevó. Las dos mujeres «han muerto prematuramente», algo que achaca a «este esfuerzo» al que se han visto obligadas para sacar a sus familias adelante.
Jaime de Pablo reconoce, no obstante, que no hay estadísticas realizadas con el objetivo de conocer la magnitud del problema y que muchas mujeres no inician el procedimiento de impago de pensiones pese a que repercute en las condiciones de vida de estas familias. De ahí que reclame esos estudio así como la «inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad como pena accesorias».
En su opinión, «nos encontramos con casos en los que además del impago de las pensiones se sabotea las iniciativas que hace la mujer» para salir de esta situación, por ejemplo «impidiendo la inscripción de los hijos a un comedor escolar cuando comparte la patria potestad «porque de esta manera sabotea económicamente» a la cónyuge.
El 5% de los procedimiento abreviados se refieren a esta cuestión, El procedimiento penal más frecuente es el delito de impago de las pensiones» y añade. «El 11,5% de las mujeres mayores de 16 años ha experimentado violencia económica por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida». Extrapolando esta cifra a la población, se estima que 2.350.684 mujeres residentes en España han sufrido violencia económica según la Macroencuesta sobre violencia de género publicada en 2019.
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