Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 21 de marzo 2025, 18:49
Las instituciones son muchas veces cómplices de los hombres que agreden a sus mujeres e hijos, denunció este viernes en comisión parlamentaria María Fernanda Santana, portavoz del colectivo Madres VIVA (Valientes, Insistentes, Veraces y Amorosas). Santana compareció para hablar de la lucha contra la violencia vicaria, que es la que un maltratador ejerce sobre sus hijos para hacer daño a la madre, pidió a los diputados que no las abandonen y hagan pensar qué han hecho mal al confiar en ellos.
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La portavoz de Madres VIVA entregó a los diputados un escrito para mostrar parte de la realidad que viven, y comentó que este colectivo lo forman 50 mujeres en Canarias pero hay decenas que viven situaciones de violencia, de forma que en el último informe del Defensor del Pueblo se dice que prácticamente no hay datos estadísticos sobre una realidad que se vive puertas adentro.
Insistió en que la violencia vicaria y la institucional «suelen» ir unidas, de forma que los sistemas legal, educativo, sanitario y familiar se han convertido en «cómplices» de los maltratadores y agresores sexuales de sus hijos, de los «verdugos», algo que considera inmoral y absolutamente inaceptable.
El sistema, prosiguió Santana, se llama juez, abogado, trabajador social, y criticó que muchas veces se da más importancia al padre de familia, al que ha pedido que se ponga en cuestión cuando es un maltratador, que al interés superior de la infancia.
Santana denunció que hay pediatras que no activan las alarmas cuando las madres les cuentan lo que dicen sus hijos, así como médicos de familia que, por carencias de especialización, recetan ansiolíticos y antidepresivos antes de remitir a los servicios de salud mental.
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Un servicio éste último al que ella pidió atención durante ocho años, y recordó que en la ley de protección de la infancia y la adolescencia, aprobada en 2021, se dice, entre otras cuestiones, que las instituciones, además de tener la obligación de tomar medidas de prevención, tienen las de revisar el funcionamiento del sistema de protección a los menores.
Una revisión que no se hace, aseveró la portavoz de Madres VIVA, quien subrayó que las instituciones «no cumplen la ley y no pasa nada», de forma que el derecho de los menores a tener una infancia libre de violencia «se viola, sin que haya consecuencias para los maltratadores y sus cómplices». Por ello, las víctimas se sienten desamparadas y se resiente su salud, algo que repercute de forma negativa en sus trabajos y produce heridas emocionales que cuesta muchos años reparar y, recordó, no tienen dinero para pagar la atención psicoterapétuica que precisan.
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