Greenpeace contra las cuerdas

La historia de este caso se remonta a 2016, cuando los siux de la reserva indígena de Standing Rock, en Dakota del Norte, protestaron por la posible aprobación de un oleoducto que pasaría cerca de sus territorios y por debajo del lago Oahe. Las manifestaciones duraron varios meses, y Greenpeace apoyó la causa del «pueblo originario» y los «protectores del agua» contra el proyecto Dakota Access, de unos 1.800 kilómetros de longitud y que atravesaría en diagonal tres estados estadounidenses. Al presentar el desarrollo, que transportaría 750.000 barriles de petróleo al día, se calculaba una inversión de 3,5 mil millones de euros. Comenzó a funcionar en mayo de 2017 y sigue a pleno rendimiento.

Rodeado de polémica y con varios frentes legales abiertos, el proyecto estaba paralizado, en parte por orden de la administración de Barack Obama, hasta que Donald Trump llegó a la presidencia. En 2017 firmó un decreto a favor del desarrollo rápido de éste y otros negocios petroleros, que desatascó el inicio de las obras. «Su campaña fue financiada, entre otros, por Kelcy Warren, cofundador y presidente de Energy Transfer», acusa Greenpeace, una vez que un jurado de Dakota del Norte, un estado donde la empresa «tiene gran poder de influencia sobre la comunidad», decidió su culpabilidad.

En la condena por daños y perjuicios, el 60% de los 620 millones de euros se atribuye a lo que en la justicia norteamericana se conoce como «daños punitivos», una forma de imponer un duro castigo que sirva de ejemplo. «Nos complace enormemente que Greenpeace haya rendido cuentas por sus acciones contra nosotros y que el jurado haya reconocido que estas no fueron protestas pacíficas y respetuosas de la ley, como se intentó afirmar», mantuvieron los abogados de Energy Transfer, tras el juicio en el que alegaron que los manifestantes fueron «financiados y entrenados» por la ONG. «La protesta pacífica es un derecho inherente a los estadounidenses, pero la protesta violenta y destructiva es ilegal e inaceptable».

Mientras reúne apoyos y donaciones de sus seguidores y voluntarios, Greenpeace apeló la resolución judicial. «Nunca han buscado justicia, sino intimidarnos. Es parte de una estrategia global que ya hemos tenido que enfrentar en otros países como Italia, por la energética ENI; Francia, por TotalEnergies; o Reino Unido, por Shell; para desgastar a quienes se atreven a criticar los combustibles fósiles y los abusos de las grandes corporaciones», reta Saldaña, que aclara: «Greenpeace España es una entidad legal distinta a las dos demandadas», con lo que su actividad en el país, y en general en Europa, seguirá pase lo que pase en Estados Unidos.

Con un contraataque en los tribunales de Países Bajos, en el que demanda a Energy Transfer por iniciar juicios «abusivos» en casos civiles, basados en reclamaciones infundadas contra manifestantes. Estos procedimientos judiciales se conocen como 'Slapp' (Strategic Lawsuit Against Public Participation, traducido como «demanda estratégica contra la participación pública») y la Unión Europea legisló para evitarlas, aunque no se ha resuelto aún ningún caso.

«Será la primera gran prueba de la Directiva Anti-Slapp del continente. Este veredicto no es el final de nuestra lucha contra las grandes corporaciones», dice Greenpeace, que habla de «racismo» al «borrar el liderazgo autoorganizado de los pueblos originarios» y de tratar de empujarlos «a la quiebra».