El Gobierno aprueba un anteproyecto de Ley que obligará a etiquetar el contenido generado por IA

«Con esta norma se completa el gran escudo europeo de derechos digitales, que protege a los ciudadanos en el contexto actual», señaló Óscar López, ministro de Transformación Digital y para la Función Pública. Según López, esta normativa es «pionera a escala nacional e internacional» y busca armonizar la legislación nacional en torno a las nuevas herramientas digitales.

Tras este anuncio, el anteproyecto de Ley para el uso ético, inclusivo y beneficioso de la inteligencia artificial, así ha sido bautizado, continuara su trámite a través del procedimiento de urgencia, aunque muchas de las prohibiciones ya están en vigor.

Desde el pasado mes de agosto, la ley europea de la IA (IA Act, en inglés) regula, concretamente en su Capítulo II, el uso de la inteligencia artificial donde restringe la comercialización, puesta en servicio o el uso de sistemas que utilicen técnicas engañosas o que puedan manipular el comportamiento de una persona o su toma de decisiones; que explote las vulnerabilidades de edad, discapacidad o situación social o económica; o la evaluación de personas en función de su comportamiento social o de sus características a través de puntuación que pueda derivar en un trato perjudicial.

La normativa comunitaria también prohíbe la utilización de sistemas de IA para predecir el riesgo de que una persona cometa un delito basándose únicamente en su perfil o características; para ampliar bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet o de grabaciones de CCTV; los enfocados en categorizar individualmente a personas basándose en datos biométricos; para inferir emociones en los ámbitos laboral o educativo; o los sistemas de identificación biométrica a distancia «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines policiales, salvo excepciones, entre otros.

«La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero puede tener buenos y malos usos. Con este anteproyecto identificamos riesgos y prácticas prohibidas, como las técnicas subliminales o el reconocimiento biométrico en espacios públicos, además de asegurar el etiquetado de deepfakes», afirmó López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El texto presentado por el Gobierno también establece qué autoridades españolas serán responsables de supervisar el cumplimiento de la ley. La Agencia Española de Protección de Datos se encargará de los casos relacionados con biometría. El Consejo General del Poder Judicial supervisará los casos vinculados al ámbito judicial, y la Junta Electoral Central gestionará la implementación de la IA en procesos electorales. Para el resto de aplicaciones, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, asumirá la responsabilidad de gobernanza.

Las normativa establece cuantiosas sanciones que oscilarán entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2 y el 7% del volumen de negocio mundial de la empresa responsable, aunque en el caso de las pymes esa cuantía podrá ser inferior.

Entre las infracciones graves estará la de no cumplir con la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo que se generado o manipulado con IA y que muestren a personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca han hecho o en lugares donde nunca han estado, lo que constituye un deepfake.

Este anuncio llega días después de que el PP difundiera a través de las redes sociales dos vídeos creados por inteligencia artificial; el primero, titulado La isla de las corrupciones, fue publicado y después eliminado tras las protestas de la República Dominicana, y en él, y sobre imágenes del país caribeño, se cargaba contra el PSOE y los presuntos casos de corrupción que afectan al partido. Días después, el partido de Núñez Feijóo realizó otra publicación con una sucesión de imágenes virtuales de varios dirigentes o exdirigentes de la izquierda y de la esposa del presidente del Gobierno, y entre ellas una de Pedro Sánchez junto al exministro José Luis Ábalos con un «catálogo» de mujeres.