España exporta 17.000 toneladas anuales de plaguicidas prohibidos en la UE

Es la principal conclusión de un informe elaborado por Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, la Oficina Europea de Medio Ambiente, la Red Europea de Acción contra los Plaguicidas y la organización Public Eye, que constata la relevancia de las exportaciones españolas de plaguicidas prohibidos, denuncia los impactos perniciosos que causan dentro y fuera de nuestras fronteras y reclama a la autoridades españolas que impidan la fabricación y exportación de las sustancias que no estén autorizadas en la UE.

Los autores consideran que Europa aplica un doble rasero a la hora de proteger la salud y el medio ambiente frente al riesgo ocasionado por los plaguicidas más tóxicos. Mientras que ha mejorado la protección en su territorio, prohibiendo el uso de más de 247 sustancias activas, sigue produciendo y exportando estos productos proscritos a terceros países, que en su mayoría carecen de la capacidad para gestionar los riesgos que entraña su uso.

La principal sustancia exportada, indica el documento, fue el 1,3-dicloropropeno (1,3-D), un fumigante de suelos utilizado en el cultivo de hortalizas y frutas, del que España vendió casi 13.000 toneladas, principalmente a Estados Unidos y Marruecos, a «pesar de estar prohibido en la UE desde 2007 y de estar clasificado como probable carcinógeno por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos».

La exportación de plaguicidas prohibidos, insiste el informe, «tiene impactos devastadores tanto para la salud humana como para el medio ambiente del sur global, lo que supone una violación de los derechos humanos». «Vendidos muchas veces en bolsas de plástico, sin información de sus peligros, estos plaguicidas -denuncian- causan decenas de muertes infantiles por envenenamiento, como las reportadas desde septiembre a noviembre de 2024 por organizaciones de Camerún y Sudáfrica». El análisis sostiene que su uso por los agricultores, muchas veces sin ninguna información ni medida de protección personal, se estima que causa la muerte de 11.000 personas cada año en el mundo.

El estudio destaca también que, como en un efecto bumerán, los plaguicidas prohibidos vuelven a España como residuos en alimentos importados desde los países extracomunitarios. Según los últimos datos disponibles, de 2022, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) detectó seis plaguicidas prohibidos en alimentos importados, entre ellos en el arroz, el trigo, las ciruelas o las judías. Además, añaden, suponen una competencia desleal para los agricultores europeos, que no pueden utilizar en su territorio estas sustancias que sin embargo la UE vende al exterior.

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Los autores creen que la prohibición de la exportación de plaguicidas prohibidos no constituiría una amenaza para el empleo, ni tendría un impacto significativo en la economía de la UE, según un estudio de PAN Europe. De hecho, explican, en Francia, tras implantar la proscripción de exportar plaguicidas prohibidos, han detectado un número insignificante de pérdidas de puestos de empleo. Lo mismo ocurriría en España, dado el bajo número de trabajadores de la decena de empresas exportadoras de plaguicidas prohibidos.