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La gente cada vez viaja más, también a Canarias, que el año pasado recibió 18 millones de turistas, que se suman a los 2,2 millones de residentes. Esta afluencia masiva de visitantes ha generado problemas de seguridad en parajes como el Roque Nublo y el Pico del Teide, cuyos accesos se han decidido restringir recientemente para evitar accidentes viarios, en el caso del enclave grancanario, y rescates de senderistas imprudentes, en el tinerfeño.
«Hubo días en los que se alcanzaron las 1.800 visitas concentradas en franjas horarias concretas», señala Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, sobre el trasiego que sufre el icónico Roque Nublo, al que se pondrá coto a partir del 3 de febrero. El objetivo, reducir la presión sobre el paraje y, sobre todo, mejorar la experiencia del visitante.
Otro punto caliente sometido a gran presión son las Dunas de Maspalomas. Los vigilantes no dan abasto para intentar evitar que los turistas se internen las 400 hectáreas de la reserva natural. Allí, dice García, se reforzará la plantilla de agentes de medio ambiente y de los informadores encargados de concienciar sobre el valor del enclave. Además, se instalarán sensores y videovigilancia para calibrar el tránsito de personas. «No podemos poner un agente en todos sitios ni cerrar el espacio», dice el consejero que anuncia que en breve se adoptarán medidas para limitar el acceso al Pico de Bandama, visitado a diario por miles de personas, sobre todo, cruceristas.
Y es que todos, propios y extraños, recorren los enclaves más valiosos de nuestro patrimonio natural. Así, algunos parajes se convierten en zonas tan transitadas como las calles principales de cualquier ciudad. «Es un fenómeno que no solo se está dando en Canarias. En muchos sitios se están tomando medidas ante la avalancha de visitas», explica el exdirector del Parque Nacional del Garajonay y miembro de la Asociación para la Conservación (ACBC), Ángel Fernández López, quien subraya como principales impactos la pérdida de sosiego y tranquilidad que se necesita para visitar estos enclaves y, por otro, los efectos sobre la biodiversidad, que también precisa esa paz para garantizar la continuidad de los ecosistemas.
«Habría que hacer un diagnóstico de un problema del que no existía conciencia hasta hace poco. En las últimas décadas, ha habido un aumento descontrolado y vertiginoso de las visitas a espacios icónicos, muchos protegidos, y eso supone presiones importantes», comenta el que fuera gestor durante casi 40 años del corazón verde de La Gomera, que subraya que la conservación debería ser la función prioritaria en los espacios naturales. «Al acabar el año, preguntaban cuántas visitas había recibido el parque nacional, pocos preguntaban si la floración había sido buena o cuántas palomas habían criado. Hemos tenido durante muchos años la brújula averiada y no hemos sabido valorar lo importante que es la conservación y el respeto a la calidad de la visita», relata.
Esa avalancha humana, dice Fernández, genera impactos como la compactación del suelo, la destrucción de la vegetación por el pisoteo de quienes salen de los caminos, las basuras, la introducción involuntaria de especies invasoras, además de desplazar y modificar los comportamientos de las especies animales y vegetales que habitan en los parajes.
«Lo vimos en la pandemia. Cuando estuvimos confinados, la naturaleza volvía a recuperar espacios perdidos», recuerda el gestor ambiental, que aboga por fomentar el transporte público, limitar las visitas donde sea necesario y regular con urgencia el acceso a los enclaves que sufren mayor presión. «En todos ellos hay algo común: la accesibilidad, que se pueda llegar a ellos en vehículo. Es fundamental alejar los coches de estas zonas», dice el experto que anuncia que el nuevo plan rector del Parque Nacional de Garajonay prevé peatonalizar el acceso al riachuelo del Cedro.
También este tipo de decisiones se incluirán en el futuro plan rector del Parque Nacional del Teide. «Estamos inmersos en el estudio de la capacidad de carga», dice la consejera de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño, Blanca Pérez, que reconoce que, tras la pandemia, hay un uso más intensivo de los espacios naturales y con nuevos públicos faltos de cultura ambiental.
La restricción del acceso al Pico se tomó tras tener que rescatar en días consecutivos a varios grupos de personas aisladas en la cima, con el teleférico cerrado por mal tiempo. La urgencia fue tal que Pérez no descarta que la medida se module para contemplar las demandas de las empresas de turismo activo y de los montañeros. En todo caso, asegura que la limitación no tiene vuelta atrás y que el plan rector contemplará otras medidas para regular la movilidad y el acceso en el Parque Nacional.
También el Cabildo tinerfeño está diseñando un plan de movilidad para aliviar la presión que sufre el Parque Rural de Anaga. El objetivo, combinar el disfrute ciudadano, la conservación del enclave y el desarrollo socioeconómico del lugar, dice Pérez, quien afirma que han tenido que reforzar la vigilancia en el Pijaral al detectar a excursionistas sin permiso y el uso indebido de senderos con bicicletas y motos.
El senderismo en el barranco de Masca, en el parque Rural de Teno, y en el Barranco del Infierno, en Adeje, está restringido y sometido al cobro de una ecotasa.
En Lanzarote, se estudia limitar el acceso al barranco de Las Grietas, popularizado en las redes sociales, informa José Ramón Sánchez. En Papagayo, el cobro de la entrada se invierte en mantener el Parque Natural de Los Ajaches.
Además, en la Cueva de los Verdes y Las Montañas de Fuego se ha puesto en marcha hace poco un sistema de compra de entradas para repartir las visitas, multitudinarias sobre todo en verano, y evitar los atascos en los accesos.
En los espacios protegidos de Fuerteventura, no existe ninguna limitación de visitantes, ni se plantea su acotamiento desde las instituciones públicas, ni tampoco asoma a los debates públicos. La excepción es el Parque Natural de la Isla de Lobos, cuya capacidad de carga diaria aumentó de 200 personas al día a 800; a todas luces una cifra muy alta a la vista de los 4.5 kilómetros cuadrados del islote, informa Catalina García.
El debate público se limita a las denuncias por los expolios e infracciones a las normas de protección de los espacios y no tanto a la limitación de visitantes. Los ejemplos están por todos lados: los turistas se llevan los rodolitos de la playa de El Hierro, entre Corralejo y Majanicho, porque se asemejan a las palomitas o cotufas; las motos vertebran los depósitos paleontológicos del yacimiento del barranco de los Encantados, en Lajares; o una 'rave' en la cima del volcán Calderón Hondo.
«Hemos vivido botellones y carreras de motos en espacios como el Teide. Las medidas no llegan a tiempo. El crecimiento de la población y la avidez brutal por viajar crean un cóctel explosivo en unas islas oceánicas frágiles y con un marco tan preocupante como el del cambio climático. El escenario es grave y no tenemos rapidez burocrática para resolverlo, lo que favorece la degradación de los ecosistemas», resume el biólogo y delegado en Canarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Manuel Nogales, quien reconoce que, salvo en los parques nacionales, hay un «auténtico vacío» en cuanto al cálculo de carga de los espacios protegidos insulares.
Nogales insta a las instituciones a preservar el patrimonio natural de Canarias, que junto al clima y la seguridad, supone su principal atractivo. Para ello aboga por una ecotasa con la que financiar planes de conservación y contratar vigilantes que controlen los espacios protegidos, que representan el 60% del territorio. «Hay que dejar un futuro ambiental decente a las próximas generaciones», dice.
También Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo que tiene entre sus fines divulgar los valores naturales de las islas, defiende una ecotasa para costear unos planes de conservación que, en su mayoría, están desfasados.
Otro punto a corregir, apunta, es la concienciación ciudadana. «Las instituciones han abdicado y no dan importancia a la educación ambiental más allá de los colegios», señala. «La Graciosa es un problema porque la población no está sabiendo ver los valores de su propia isla y están metidos en una vorágine de crecimiento». Esto propicia, asegura Coello, que pasen cosas que no deberían ocurrir. «Los canarios no vivimos del turismo sino del patrimonio natural y aún no lo tenemos claro», sentencia.
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