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T. A.
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 2 de abril 2025, 02:00
El Consejo de Ministros aprobó este martes tramitar de urgencia la reforma del decreto de 2021 que regula la creación de nuevas universidades con el objetivo de frenar la proliferación de centros privados que no reúnen criterios de calidad y solo se plantean como una oportunidad de negocio. Y lo hará endureciendo los requisitos, tanto académicos como económicos.
«Esto no va de universidades públicas contra privadas, sino de universidades buenas contra universidades malas», dijo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Esta decisión ha originado un nuevo rifirrafe político entre el Ejecutivo y el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, donde más universidades privadas se han aprobado, afirmó ayer que la decisión del Gobierno es una campaña contra la universidad privada con fines ideológicos
Al margen de la nueva confrontación política, este endurecimiento de los requisitos para asegurar la calidad es aplaudido por las dos universidades públicas canarias. A falta de leer la letra pequeña del texto legal, los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y de la de La Laguna (ULL), Francisco García, coinciden en que es «una buena noticia» para la educación superior.
De hecho, va en la línea de lo que lleva tiempo demandando la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE), aunque su presidenta, Eva Alcón, señaló ayer que el nuevo decreto será sometido a un «profundo análisis», según informa Efe.
Entre las principales medidas para que se dejen de aprobar «chiringuitos educativos», en palabras del presidente Pedro Sánchez, está que los informes de la Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio y comunidades autónomas) y los que emite la Aneca y las agencias de evaluación autonómicas sean vinculantes.
Ahora son solo preceptivos y las comunidades autónomas pueden dar el visto bueno a nuevas universidades con dictámenes negativos, como ha pasado en el archipiélago.
«La última universidad privada que se aprobó en Canarias tenía un informe estremecedor», destaca el rector de La Laguna, aspecto en el que también incide el máximo dirigente de la ULPGC. «Creo que es muy importante que los informes sean vinculantes. En Canarias hay dos universidades que se han aprobado con evaluaciones negativas», señala Serra.
La proliferación de las universidades privadas ha cambiado el escenario del sistema de enseñanza superior español, con la creación de 26 centros académicos desde 1998, fecha en la que se abrió la última universidad pública. Ahora hay 50 centros públicos y 46 privados, pero en breve se espera que los segundos sean más.
En Canarias son cinco las universidades privadas ya implantadas, unas consolidadas y otras no, sostiene el rector de la ULPGC, quien no descarta que «nazca alguna más». La última en aprobarse, en marzo de 2024, fue la Tech, de formación 'online'.
«Las universidades llevamos mucho tiempo reclamando que se clarifique este mercado, y quizás llegue tarde porque hay señales de alarma que se vienen detectando desde hace tiempo. Creo que se corre el riesgo de que se acabe convirtiendo en otra burbuja», sostiene el rector lagunero. «Hay que legislar para que los clientes sepan qué compran», añade García, quien cree importante que se concreten los requisitos de creación y el seguimiento de los centros ya autorizados.
Lluís Serra destaca también los nuevos criterios anunciados para crear universidades online que, aunque con sede en una autonomía concreta, tienen a la mayoría del alumnado fuera de ella. Según anunció el Gobierno, se prevé que estos centros deban tener el visto bueno de las Cortes Generales.
El rector de la ULPGC destaca que hay «una sobreutilización» del término universidad. «A veces con buena fe, como las populares, pero otras veces para intentar otorgar títulos, y eso es muy distinto. Si queremos llamarnos universidad hay que seguir unas normas de calidad en un contexto que está evolucionando mucho con la IA y nuevos formatos de títulos», destaca.
Lluís Serra y Francisco García insisten en que en las islas las universidades públicas son el verdadero motor de desarrollo, con más de 80% del alumnado, centros y docencia acreditados y referentes en investigación. «En Canarias, las 184 tesis del año pasado provinieron de las dos universidades públicas, que tienen el cien por cien de los programas de doctorado. Eso es lo que permite la transferencia del conocimiento y el desarrollo de Canarias», sostiene García.
«No tenemos miedo a la competencia y tenemos capacidad de adaptación de los títulos a nuevas realidades, pero para eso la Agencias Canaria de Evaluación tiene que funcionar también, y con la proliferación de privadas ahora tardan en dar dos años el visto bueno a titulaciones cuando antes eran seis o siete meses», añade el rector de la ULPGC.
Además de que los informes de las agencias de evaluación sean vinculantes para aprobar una universidad, la reforma anunciada por el Gobierno prevé otras requisitos como tener un mínimos de 4.500 estudiantes a los cincos años de crearse el centro, tener tres programas de doctorado o que no se puedan hacer cambio en la memoria de titulaciones, añadiendo más, sin un informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria .
También se deberá garantizar la solidez económica de la institución o empresa que crea el centro y se deberá ofertar un 10% de plazas de alojamiento universitario.
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