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La Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno canario ha definido su estrategia para 2025 «con el objetivo de consolidar un sistema de acreditación de competencias profesionales más accesible, ágil y eficiente». En un comunicado, señala que la iniciativa «responde a la necesidad de facilitar el reconocimiento de las habilidades adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación no formal, permitiendo a más ciudadanos obtener una certificación oficial que mejore su empleabilidad y acceso a nuevas oportunidades laborales».
Según datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan), más de 548.000 personas podrían beneficiarse en el archipiélago actualmente de este procedimiento, destaca Educación. «Esta cifra evidencia la importancia de impulsar este mecanismo de cualificación permanente, que será clave para trabajadores, empresas y sectores productivos», asegura la Consejería.
Las acciones contempladas en este plan «refuerzan las mejoras implementadas por la Dirección General de Cualificaciones Profesionales y han sido diseñadas conjuntamente con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con el propósito de optimizar el procedimiento y contribuir a un mercado laboral más cualificado, competitivo e inclusivo en el archipiélago».
El nuevo enfoque que se plantea desde la Consejería pretende evolucionar «desde un sistema basado en convocatorias puntuales, con una gestión compleja y tiempos demasiado largos, a un servicio de acreditación regular y continuo, en línea con la nueva ley de FP, «con el objetivo de simplificar y hacer más accesible este procedimiento, consolidándolo como un derecho estable que brinde oportunidades de crecimiento laboral y educativo».
Entre las principales medidas que se pondrán en marcha este 2025 destaca la digitalización del proceso, con el desarrollo de un nuevo sistema informático que agilizará la gestión de expedientes, así como la ampliación del alcance del procedimiento, eliminando barreras burocráticas y facilitando el acceso a colectivos en situación de vulnerabilidad, explica Educación en el comunicado.
Además, otra de las metas que persigue la Consejería consiste «en fortalecer la colaboración con empresas y entidades sindicales, con la firma de convenios que permitan impulsar la acreditación en distintos sectores productivos, así como promocionar su difusión a través de campañas informativas, dirigidas a trabajadores y empleadores, con el fin de destacar la importancia de la acreditación como herramienta de mejora profesional».
La estrategia también incluye «el refuerzo del papel de los centros de Formación Profesional como actores esenciales en la orientación y desarrollo del procedimiento, así como la creación de un foro de coordinación con otras comunidades autónomas para compartir buenas prácticas en este ámbito», añade el comunicado de Educación.
La acreditación de competencias profesionales es un mecanismo impulsado por la Unión Europea. Su objetivo es permitir a los participantes completar su formación con un título de FP o un certificado de profesionalidad, mejorando así su empleabilidad y adaptándose a las necesidades del mercado laboral. En Canarias, el número de personas acreditadas creció en 2024 casi un 30%. Tras la optimización del sistema se espera que, en 2025, estas cifras crezcan de forma notable. «Con este modelo de acreditación más ágil, sostenible, eficaz y adaptado a la realidad del mercado laboral y la tecnología, la Consejería de Educación reafirma su compromiso con la formación continua de la población».
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