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La Consejería de Educación del Gobierno canario y la mayoría de los sindicatos docentes acordaron este martes el plan para bajar en tres años las ratios de escolares por aula en Infantil, Primaria y ESO. El texto incorpora mejoras en el documento presentado a finales de febrero por la Consejería.
El plan se aplicará en los próximos tres cursos hasta alcanzar un máximo de 25 estudiantes por aula en la ESO –ahora solo está así en primero–, 22 en Primaria, y 16, 18 y 20 escolares en los niveles en Infantil de 3, 4 y 5 años, respectivamente.
El acuerdo ha sido suscrito por la mayoría de las organizaciones sindicales. Lo han firmado ANPE, STEC, Insucan y UGT. CSIF y CC OO no lo han hecho
Según el consejero de Educación, Poli Suárez, la propuesta de su departamento «supone la apuesta más ambiciosa realizada hasta la fecha en nuestra tierra por una educación inclusiva, equitativa y de calidad». También destacó su «predisposición permanente al diálogo y al consenso para recoger aquellas aportaciones que se planteen con el propósito de mejorar el sistema educativo de las islas».
Bachillerato se queda fuera del plan –la ratio está ahora en 30 estudiantes– pero Suárez destacó que el documento está «vivo» y sujeto a mejoras tras aplicar las que se incorporan ahora: «Si en el curso 26-27 somos capaces de seguir bajando ratios, pues vamos a modificar el acuerdo que hemos firmado, pero ya Canarias se coloca a la cabeza del Estado en cuanto a número de alumnos y alumnas en las aulas y somos la comunidad autónoma que mejores ratios tiene en sus centros educativos».
Este plan actualiza el acuerdo para la mejora del sistema público educativo de Canarias firmado la pasada legislatura, en 2022, entre el Gobierno regional y los sindicatos docentes.
Educación prevé la incorporación de 304 maestros y maestras de Infantil y Primaria. En esta última etapa educativa la Consejería destaca en un comunicado que situar la ratio máxima en 22 escolares «posiciona a Canarias entre las comunidades con menor número de estudiantes en las aulas, junto con Aragón o Castilla y León, ambas también con 22 alumnos».
La propuesta, además, determina la posibilidad de que la ratio baje a 20 «en aquellas clases donde esté escolarizado alumnado con necesidades educativas especiales o alumnado con trastorno grave de conducta o trastorno grave de la comunicación o del lenguaje».
En Educación Secundaria se incorporarán 359 profesores y, con la ratio máxima de 25 estudiantes en los cuatro cursos de la ESO «las islas serán una de las ocho comunidades que ha reducido la ratio máxima de 30 establecida para todo el Estado, equiparándose a las comunidades que presentan el límite más bajo, como Asturias (23), País Vasco (25) o Galicia (25)», añade el comunicado. Ya Canarias estaba en un máximo de 27 en segundo de la ESO y en 25 en primero.
«En el caso de contar el grupo con alumnado con necesidades educativas especiales o alumnado con trastorno grave de conducta o trastorno grave de la comunicación o del lenguaje, la ratio descenderá hasta 22», detalla Educación.
En cuanto al segundo ciclo de Infantil, se reducirá la ratio de 18 a 16 en el nivel de 3 años y a 18 y 20 en los niveles de 4 años y 5 años, respectivamente, desde los 23 actuales. «De igual forma se reducirá la ratio máxima en aquellos grupos donde, por tener un número reducido de alumnado, se prevea la constitución de grupos mezclas entre dos niveles», recalca la consejería, que destaca que «esta reducción situará a Canarias con la mejor relación alumnado-profesorado de todo el Estado en esta etapa educativa».
Al bajar las ratios y haber menos escolares por aula muchos centros deberán ofertar más grupos. «Donde haya espacio, se ocupará esos espacios, y donde no existan esos espacios, se seguirá implementando la docencia compartida», dijo el consejero.
Con respecto a los recursos para la atención a la diversidad, el nuevo documento incorpora una mejora «sustancial» en el personal de Orientación con, al menos, 122 nuevos profesionales, «bajando la ratio a un docente por cada 250 alumnos de Infantil y Primaria y posibilitando que los centros de Secundaria con más de 800 estudiantes dispongan de dos orientadores en plantilla, así como el mantenimiento de la mejora realizada para este curso de 47 y 135 docentes de la especialidad de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, respectivamente».
Por último, se incorpora la asignación de profesorado de refuerzo para la mejora de las competencias en comunicación lingüística y matemáticas en el 15 por ciento de los centros que presenten resultados más bajos en las evaluaciones de diagnóstico que se realizan cada curso escolar.
El sindicato ANPE Canarias valoró la modificación del Acuerdo para la mejora del sistema público educativo de Canarias firmado este martes como «un avance parcial pero indudable para la enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma, fruto de la acción sindical desarrollada en los últimos años», según destaca en un comunicado.
El documento, añade, «recoge una parte de la principal reivindicación mantenida por ANPE, la puesta en marcha de un plan de disminución de las ratios máximas de alumnado por docente a aplicar progresivamente a lo largo de tres cursos escolares». El sindicato afirma que el plan «se inspira en el presentado por ANPE a la Consejería de Educación el curso pasado, aunque su alcance es más limitado en varios aspectos.
Pedro Crespo, presidente del sindicato docente en las islas, incide en que el acuerdo «más allá de sus limitaciones, permitirá atender de forma más individualizada al alumnado en gran parte de la enseñanza básica y en educación infantil». A su juicio, «se trata de un paso importante en la mejora de la calidad educativa y de las condiciones laborales del profesorado, que habrá que consolidar con futuros avances».
Crespo destaca también el refuerzo de profesorado para mejorar las competencias en comunicación lingüística y matemáticas del que se beneficiará 15% de los centros que presenten peores resultados en las evaluaciones de diagnóstico, aunque lamenta que se deje de utilizar el Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) como criterio para llevar a cabo dotaciones extraordinarias de personal, ya que este indicador permitía compensar desigualdades en los centros de las zonas más desfavorecidas.
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