La Consejería de Educación, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la de La Laguna (ULL) ultiman un nuevo contrato programa por el que se financiarán las dos universidades públicas canarias que desde hace casi una década no contaban con este instrumento de planificación financiera y por objetivos. El último concluyó en 2013 y, desde entonces Educación y universidades contaban con un «esquema de financiación» que se ha ido renovando anualmente.
El contrato programa que redactan ahora, y que esperan firmar en breve, presumiblemente entrará en vigor en 2024 y se extenderá por cinco años, uno más que los anteriores, que duraban cuatro, además, tendrá como novedad que el incremento anual del presupuesto que aportará el Gobierno canario para el sostenimiento de ambas instituciones se basará en un «mecanismo» que permita que la ULPGC y la ULL «puedan absorber las incidencias» y las necesidades «reales» que tienen.
Gastos imprevistos o sobrevenidos
El gerente de la ULPGC, Roberto Moreno, destacó la necesidad de «aprovechar las experiencias que hemos obtenido con las crisis del covid, o la crisis de La Palma tras la erupción del volcán», en referencia a que las universidades tuvieron que hacer frente a gastos no previstos o que incluso en el caso de La Palma, para ayudar a las familias afectadas no se cobró la matrícula al alumnado. Además, estamos sufriendo ahora «el encarecimiento de energía eléctrica» por la guerra en Ucrania, recordó, y el Gobierno canario ha dado permiso para utilizar los remanentes para gasto corriente. «Tenemos que aprender de esa experiencia de sí o sí para garantizar la labilidad del contrato programa», dijo Moreno. Con todo, el gerente quiso darle importancia a la ficha financiera inicial porque esta debe «dar para garantizar el servicio público», por eso, continuó, «es tan importante esa implementación a futuro y adaptabilidad del contrato programa como de qué cantidad partimos inicialmente».
Adaptado a la nueva ley, la investigación y el cuidado de los edificios
El nuevo contrato programa que negocian Educación y las universidades públicas canarias tendrá en cuenta las exigencias de la nueva ley de universidades que aprobará el Gobierno central. También contará con una «prospección evolutiva de las necesidades de personal docente e investigador (PDI) y del personal de administración (PAS), teniendo en cuenta los incrementos salariales que decide el Gobierno de España. Además, se negocia el «coste asociado a infraestructuras y equipamientos» para que no ocurra como «en el pasado, que se construye una infraestructura y no se mantiene». Y también se incluye y estudia cómo financiar «el coste estructural de la capacidad investigadora», dijo el gerente de la ULPGC, Roberto Moreno.
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