Si Educación no llega al 5% del PIB en 2025, «tocará fondo»

«La Ley Canaria de Educación no Universitaria establece que para el año 2022, como muy tarde, el presupuesto educativo debería haberse situado en el 5% del PIB canario. Sin embargo, para el Gobierno de Canarias, «cumplir la ley es algo voluntario. De otra forma, no se explica que, transcurridos tres años desde la fecha límite marcada por la Ley para alcanzar ese 5%, no solo no lo hayamos alcanzado sino que estemos ahora más lejos de alcanzar el objetivo que cuando el actual Gobierno tomó posesión en junio del año pasado», por lo que el sistema «tocará fondo», critica el sindicato docente STEC en una nota de prensa.

Para el sindicato, «sin una financiación suficiente, es imposible avanzar en la implantación del primer ciclo de la educación infantil», de 0 a 3 años. Y recuerda que Canarias «se encuentra entre las comunidades de cola del Estado» en este ciclo. Tampoco, añade en la nota de prensa, «se podrá contratar al profesorado necesario» que estima en «unos 4.000», para «reducir las ratios hasta situar a Canarias en la media del resto de comunidades. «Y a ello se añade, continúa el STEC, que «tampoco será posible llevar a cabo las inversiones en infraestructuras, tanto en lo referente a la nueva construcción, como al mantenimiento y mejora de los centros existentes. Otras medidas igualmente necesarias como la atención a la diversidad, o la incorporación de más profesionales para Orientación Educativa, Pedagogía Terapéutica, Auxiliares Educativos, Educación Social o Enfermería Escolar, entre otras, seguirán sin ser atendida».

El sindicato también denuncia en su comunicado que «el profesorado lleva varios años sufriendo ataques sucesivos a sus derechos laborales con el único objetivo de ahorrar para seguir reduciendo la inversión en Educación». Y señala que «se ha producido una reducción de horas de dedicación a cargos, tutorías, coordinaciones, proyectos, etc». El STEC resalta «la más reciente» y hace referencia a la que «ha sufrido este curso el profesorado de la Formación Profesional. Una medida, eminentemente economicista que contrasta con la reciente noticia en la que conocimos que el Gobierno de Canarias ha rechazado una partida económica de fondos europeos Next Generation destinados a la implantación de la FP Dual». E insta a «cumplir la ley» porque es «una obligación».

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