Educación aprueba su primer protocolo ante el acoso laboral en los centros públicos

La Consejería de Educación del Gobierno canario ha aprobado «su primer protocolo propio de actuación frente al acoso laboral en los centros públicos dependientes de su departamento», según informa en un comunicado. El documento «introduce importantes mejoras en la gestión y prevención de estos casos, ha sido respaldado por unanimidad por los representantes sindicales y se alinea con las normativas vigentes en materia de igualdad y prevención de riesgos laborales», añade la nota.

Es la primera vez que Educación cuenta con un documento propio. Hasta ahora, se venía aplicando el protocolo de actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de Canarias.

«La creación de este protocolo específico para el sector educativo responde a la necesidad de disponer de un marco adaptado a las particularidades de este entorno y sus profesionales», explica Educación. Diseñada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, «la nueva normativa incorpora un enfoque más amplio, moderno y adecuado a la legislación vigente».

Entre los avances que contempla Educación destaca la creación de las Comisiones de Valoración del Acoso Laboral (CVAL) como órganos permanentes, la ampliación de las tipologías de acoso o la regulación de los conflictos laborales que, aunque no constituyan acoso, requieren atención. Además, «reduce los plazos en los procedimientos, mejora la atención a las víctimas y refuerza las garantías de confidencialidad, garantizando un entorno laboral más seguro y respetuoso», añade la Consejería.

Las Comisiones de Valoración del Acoso Laboral (CVAL) contarán con carácter permanente en la nueva normativa, sustituyendo al modelo anterior de comisiones creadas de forma puntual para cada caso. «Con esta novedad, se adquiere una respuesta más ágil y efectiva a las denuncias y una reducción en los tiempos de actuación, así como una mayor especialización en la evaluación de los expedientes», incide Educación.

El nuevo protocolo, además, se adecúa a la legislación vigente en materia de igualdad, incluyendo disposiciones de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la de garantía integral de la libertad sexual; la de igualdad de trato y la no discriminación, y la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. «Estas actualizaciones amplían el alcance de la protección frente al acoso sexual, por razón de sexo y cualquier otra forma de discriminación en el ámbito laboral», destaca la nota.

Educación también señala «la reducción de plazos y una mayor claridad en sus distintas etapas» de tramitación de los casos. Así, «aunque el plazo general de resolución se mantiene en dos meses, ampliables a tres en aquellos casos más complejos, el protocolo define tiempos específicos para cada una de las fases del proceso, aportando mayor seguridad jurídica a todas las partes involucradas», destaca.

Además, se ha establecido un sistema de recepción de denuncias a través de un buzón electrónico, «que facilitará el acceso de las víctimas a los mecanismos de protección y garantizará la confidencialidad de las comunicaciones».

Otra innovación importante que presenta la nueva normativa es la concentración de funciones administrativas en la secretaría de las CVAL, «evitando así la dispersión de competencias». que presentaba el protocolo anterior, con la que se pretende agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la eficiencia del proceso.

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