El descenso inversor en Educación sitúa a Canarias como una comunidad «inviable»

La Plataforma por el 5% en Educación ha ampliado la queja registrada ante la Diputación del Común por el incumplimiento de la ley en este ámbito, y advirtió este viernes de que este objetivo es «la última prioridad» del Gobierno pese al riesgo de que Canarias se convierta «en una comunidad inviable».

De esta manera se manifestó el miembro de dicha plataforma Carlos Quesada con motivo de una reunión con la diputada del Común, Lola Padrón, que a su vez indicó en declaraciones a los periodistas que el incumplimiento de destinar a educación el 5% del PIB regional rompe con la justicia social, la equidad y la igualdad.

En un principio la Consejería de Educación argumentó, ante la queja planteada al efecto en 2024, que los cálculos para determinar el porcentaje del PIB no estaban bien hechos, pero ahora la Secretaría General Técnica del departamento educativo ha contestado que el presupuesto es apoyado por el Parlamento regional.

Esta respuesta «no es adecuada» para la Diputación del Común, pues su titular, Lola Padrón, recordó que el presupuesto lo propone la Consejería de Educación a la de Hacienda y es el Gobierno el que presenta el proyecto correspondiente al Parlamento regional, para luego tramitarlo y ratificarlo.

Padrón subrayó que hay una ley «que obliga» a destinar a este área el 5% del PIB «y estamos tardando, y tardar es relegar a muchos alumnos y alumnas que no pueden realizar su proyecto de vida en las islas, ni financiar colectivos con los recursos suficientes ni garantizar el acceso a ciclos de FP».

Por ello la Diputación del Común seguirá exigiendo a la Consejería de Educación «que cumpla la ley» y así lo planteará en la memoria anual de la institución, en la que llevará como cuestión prioritaria este ámbito y la sanidad. «No nos vamos a arredrar», indicó Padrón, quien insistió en que cumplir la norma implica garantizar la igualdad, la equidad y que la ciudadanía progrese en el mismo sentido y lo contrario supone «perder talento, el de aquellos que no pueden pagar por la educación privada».

Carlos Quesada recordó que la ley de Educación se aprobó en 2014 ante los graves problemas de Canarias en este ámbito y con la consciencia de que salir de las posiciones de cola «cuesta dinero». Por ello se estableció un aumento progresivo en las partidas en materia educativa hasta alcanzar en 2025 el 5% del PIB, y la evolución ha sido desigual: una primera legislatura estancada y en la siguiente se subió un punto, dijo Quesada.

En 2023 el presupuesto educativo llegó al 4,63% del PIB pero en la actual legislatura, lamentó, no hay voluntad política para cumplir la norma sino que, al contrario, se camina «en dirección opuesta».

Esto tiene consecuencias en la educación infantil, en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y en la FP, con unos problemas de financiación «que acaban comprometiendo la educación de los canarios», argumentó Quesada, para quien con el actual Gobierno no es que crezca la partida presupuestaria educativa, sino que es el área que menos aumenta. Y Extremadura, con una renta per cápita inferior a Canarias, ha invertido en 15 años más del 5% en educación y ha pasado de estar a la cola tras el archipiélago a situarse por delante, afirmó.

En su opinión, parte del problema es que Canarias se ha convertido en una comunidad récord de beneficios fiscales con una política «que el Gobierno debe hacerse mirar», pues merma los recursos públicos que deberían ir sistemáticamente a Sanidad y Educación, lo cual refleja, a su juicio, «el ranking de prioridades del Gobierno».

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