Denuncian que hay profesoras embarazadas en riesgo por retraso de la baja

Han criticado el «deficiente» funcionamiento de gestión por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con el permiso de riesgos laborales para las docentes embarazadas, y como los procedimientos, que se llevan a cabo por Quirón Prevención y la Mutua de Accidentes de Canarias, son alargados de manera «innecesaria».

Cuando se inicia el curso escolar y a lo largo del mismo, cada docente debe notificar su estado de embarazo para que a su vez dé comienzo el protocolo de prevención para el desempeño de su puesto de trabajo, explica el sindicato.

Alerta de que la notificación del estado de embarazo es desde un principio «un proceso burocrático arduo y muy lento».

Según el sindicato, los problemas aparecen con los servicios externalizados de Quirón Prevención y Mutua de Accidentes de Canarias, que hacen que el permiso no se conceda en tiempo y forma como se debiera.

En ambos casos, continúa, las docentes embarazadas ven como los plazos se alargan hasta un mes para ser citadas, y además se les requiere documentación que no poseen y no tienen la información necesaria para llevar a cabo el procedimiento lo antes posible.

Desde el curso 2020-2021, la Consejería de Educación tramita dichos permisos con bastante lentitud, insiste el sindicato.

Esto ocasiona en las docentes un riesgo real por las condiciones en las que se ven obligadas a ejercer su trabajo, dice el sindicato, el cual añade que los trámites burocráticos impiden recibir el permiso de riesgos en el embarazo en un tiempo prudencial.

Para STEC-IC, la realidad que viven las docentes embarazadas desde que notifican el estado de embarazo hasta que en realidad son atendidas es «desgraciadamente tan ardua que muchas terminan en una incapacidad temporal».

«En ningún caso, se debe consentir que esta situación siga ocurriendo y que exista discriminación de género sobre los derechos ya reconocidos«, manifiesta en la nota de prensa.

Por ello, ha pedido la intervención de la Diputación del Común y del Instituto Canario de Igualdad, pues «supone una vulneración flagrante de las obligaciones que cualquier administración pública tiene para sus trabajadoras» y puede vulnerar la legalidad vigente.