L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria.
Sábado, 26 de octubre 2024, 02:00
Cuando en julio de 2014 se aprobó la Ley Canaria de Educación, una norma que llego al Parlamento regional por iniciativa popular, fue «un antes y un después». La ley «es buena» pero «sin inversión» no se ha avanzado lo suficiente, lamentaron este viernes tres portavoces del STEC en rueda de prensa.
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A juicio de Gerardo Rodríguez, la norma canaria es «una referencia para saber qué tenemos y a dónde vamos». El informe PISA, añadió, «nos deja a la cola del Estado en matemáticas, lectura y ciencia. Tenemos muchísimo que hacer para que la educación en Canarias sea de calidad». Según un análisis del sindicato, «la inversión en infraestructuras dista de la que se requiere», además, solo entran en formación continua 5.200 docentes «cuando deberían ser 15.000». La escolarización en el primer ciclo de Infantil, de o a 3 años, «no se ha universalizado. Estamos en el 27% cuando en el resto del Estado se llega al 44%».
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Además pidió «reforzar» el sistema de becas, máxime cuando en Canarias más del 35% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. «En infraestructuras se ha avanzado, pero no lo suficiente. Necesitamos centros de nueva creación en el sur de las islas capitalinas porque los actuales están al limite» y denunció que hay «aulas modulares en espacios de recreo». Habló de la necesaria adaptación al cambio climático y denunció que el muchos municipios no se han puesto en marcha los consejos escolares municipales, «lo que lastra las infraestructuras de Infantil y Primaria» que dependen de los ayuntamientos. También señaló que falta profesorado, entre 3.000 y 5.000, así como auxiliares y personal de administración.
Por su parte Evelina Sánchez, portavoz del STEC, denunció que el personal auxiliar de las aulas Enclave era «externo». De hecho el consejero de Educación, Poli Suárez, señaló ayer en la Comisión de Educación que «Canarias ya destina este curso un millar de efectivos extraordinarios a 4.689 alumnos con necesidades educativas, 1.689 estudiantes más que en todo el curso anterior». Y añadió, según un comunicado de prensa, «que apuesta por mejoras como la actualización de la normativa NEAE o la licitación del contrato para el personal que atiende a este alumnado, que el Ejecutivo anterior dejó en nulidad». La mayoría presta servicios a través de la empresa Aeromédica pero «se encontraba en situación de nulidad desde marzo de 2021», lamentó.
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