
Francisco Venzalá
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Francisco Venzalá
El presidente nacional del sindicato docente ANPE, Francisco Venzalá, se reúne hoy con el consejero canario de Educación, Poli Suárez, con el que abordará, entre otros asuntos, la propuesta de su organización para reducir ratios. La que ha ofertado Suárez, dice Venzalá, es «absolutamente insuficiente».
–¿Qué le parece la oferta de Educación sobre la bajada de ratios en Canarias?
–La consideramos insuficiente. Cual iniciativa encaminada a disminuir las ratios la vamos a recibir bien y ANPE ya presentó un plan encaminado a reducir la ratios que esperemos que se tome como referente en futuras negociaciones. Pero la propuesta inicial es absolutamente insuficiente y eso es algo un mal endémico en todo el territorio. Desde que se implantó la Logse, en 1990, tenemos unas ratios mínimas prefijadas que no se han variado y que hay que abordar para que el profesorado pueda atender una realidad que ha evolucionado mucho. Existe una necesidad de integración de inclusión y algo que hay que tener en cuenta es el tiempo que los docentes tienen que dedicar a labores burocráticas y que restan tiempo a las pedagógicas.
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–¿Entre esos cambios sociales incluye el aumento de los conflictos en las aulas?
–Nosotros creamos en 2005 el Observatorio para la convivencia escolar y el defensor del profesorado y queríamos abrir un debate social. Pedimos al Fiscal General del Estado que los docentes, en el ejercicio de sus atribuciones, fuesen considerados autoridad pública. La conflictividad, lamentablemente, aumenta como lo atestiguan los informes que noviembre tras noviembre publicamos y ya entonces dijimos que había que tomar medidas. Afortunadamente en forma de leyes se han ido promulgando en muchas comunidades y en la convivencia, a partir de entonces, hay un antes y después. Como sindicato docente sabemos que las condiciones del clima escolar va a redundar en una mejor calidad educativa.
–Otro tema de preocupación en Canarias es el estado de las infraestructuras educativas.
–Canarias no es una excepción. A lo largo de todo el territorio se ve. Hay comunidades y provincias, muchas de ellas en el ámbito rural, en las que las condiciones de los centros no son las más adecuadas para la práctica educativa. Necesitamos un plan de actuación no solamente como dijo el Ministerio de climatización de los centros, que ha quedado en agua de borrajas, sino adecuar las instalaciones para que alumnado y profesorado estén en condiciones adecuadas.
–¿Cómo está marchando el proceso de estabilización docente?
–A nivel nacional ya alertamos cuando se puso sobre la mesa todo el enfoque a la estabilización que iba a generar circunstancias o efectos colaterales no deseables. A parte de las condiciones laborales, existe un componente pedagógico. Un docente que conoce el entorno y la estabilidad del profesorado es esencial para el avance de los proyectos educativos. Nosotros ya alertamos que el enfoque del proceso de estabilización estaba más bien hecho para administraciones de otra índole que no para el perfil de los puestos de trabajo docentes. Una vez se cierre todo este proceso lo primero que vamos a hacer es solicitar que se evalúe y se haga un análisis concienzudo del resultado efectivo del proceso.
–¿Qué le va a plantear al consejero de Educación?
–Le vamos a plantear los problemas endémicos de nuestra educación. No tiene sentido, analizando los diferentes indicadores donde España no sale bien parada, que se siga utilizando la educación como arma arrojadiza a nivel político, lo cual impide abordar mejoras que harían bien a nuestra educación. Tenemos una ley de educación (Lomloe) que no partió del consenso y que está paralizada en un aspecto esencial, la disposición adicional 7 sobre el diseño de la profesión docente. A día de hoy muchos de los problemas sociales se enfocan como respuesta fácil en los centros educativos. Un problema de índole social, como la educación vial o la sexual... se enfocan a los centros, pero éstos no pueden ser la caja de Pandora que pueda solucionarlo todo. Queremos que se desarrolle la profesión docente y el establecimiento de la carrera profesional, que no existe en España salvo alguna actuación en comunidades autónomas.
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