Lorenzo: «No puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda, o incluso de tercera»

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de mayo 2021 | Actualizado 12/05/2021 12:14h.

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El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, manifestó esta mañana durante su toma de posesión que «es un gran honor y una no menor responsabilidad tomar posesión de este cargo. Espero no defraudar la confianza depositada en mí para afrontar los retos y desafíos que acontecen».

Quiso destacar a José Félix Mota y a Pedro Herrera, quienes «concurrieron conmigo en este proceso selectivo. En esta nueva etapa me incorporo a un gran equipo en la Sala de lo Civil y Penal junto a mi predecesor Antonio Doreste y también envío mi reconocimiento a los medios de comunicación que son el garante de la transparencia. Recuerdo emocionado a mis padres y mi familia».

«Acabo de prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, consolidada y ejemplar y por los valores que encarna. Nuestro compromiso es creer en el estado de derecho, la democracia, las libertades y la tutela judicial efectiva, garantizando la independencia de la carrera judicial», añadió el presidente de los jueces canarios.

Para la detección de problemas, Lorenzo Bragado dijo que era «fundamental la estadística» y que debía de «obtener el pulso de la realidad mediante el contacto frecuente con los jueces y magistrados, expresado a través de sus juntas y también de manera personal y directa. Además, ha de tenerse en cuenta la opinión de los restantes operadores jurídicos: fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, forenses, abogados, procuradores, graduados sociales, sin olvidar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto asumen las tareas de policía judicial y, por supuesto, a los destinatarios últimos de nuestra actividad: los ciudadanos. En este sentido, uno de mis empeños fundamentales como decano ha sido siempre escuchar a los justiciables y controlar directamente las quejas: este es el verdadero termómetro que permite conocer la realidad de los juzgados».

Manifestó que la situación de la justicia en Canarias «es mejorable», apuntando que esta comunidad tiene «la tasa de litigiosidad más alta de España durante los últimos 5 años. En 2020, 154 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (116)». Esta cifra la explica «en parte por la elevada población de hecho, pero pone de manifiesto una preocupante tendencia en nuestra sociedad hacia la judicialización de los conflictos.

La evolución de otros indicadores en el último año tampoco arroja buenos resultados. Así, la tasa de resolución ha disminuido un 3,9%, mientras aumentan las de congestión, casi un 9%, y sobre todo la de pendencia, que sube un 32,7%, afectando especialmente a la jurisdicción social, con un incremento del 45%. Este empeoramiento se debe, sin duda, a la pandemia, que mantuvo paralizada la actividad judicial durante un trimestre y que aún deja sentir sus efectos. Aprovecho aquí la ocasión para destacar el ejemplar comportamiento de todos los operadores jurídicos durante el estado de alarma y muy significadamente de quienes tuvieron que asumir la realización de tareas esenciales en el confinamiento».

Sobre los retos fundamentales que debe afrontar la Justicia en Canarias, explicó a los asistentes que eran «atender las jurisdicciones más afectadas por la pandemia: juzgados de lo social y mercantiles, prestar especial atención a los partidos más colapsados como Granadilla de Abona, Puerto del Rosario, Arona y San Bartolomé de Tirajana, impulsar la solución de los problemas de infraestructuras, acuciantes en el caso de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, contribuir a la implantación del expediente judicial electrónico y la consiguiente eliminación del papel y abordar los nuevos modelos organizativos: nueva oficina judicial y tribunales de instancia, si, finalmente, se aprueban las reformas».

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«No puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda, o incluso de tercera», expuso y en este sentido comentó que la «solución más simplista es reclamar un incremento del gasto público. Y por supuesto que, dentro de las políticas de cualquier gobierno, la de justicia debe considerarse esencial y prioritaria. Sin embargo, la experiencia demuestra que no necesariamente cada euro gastado de más se traduce en una mejora significativa».

«Toca pasar de las musas al teatro, es decir, trasladar esos principios e intenciones a la realidad. Para ello, con ilusión, comprometo todo mi esfuerzo y dedicación a fin de conseguir una justicia más eficaz, más próxima, más accesible, más transparente», finalizó el nuevo presidente del TSJC.

Por su parte, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, destacó que era «un honor» estar en esta toma de posesión, «convencido de que va a lograr los objetivos básicos para la democracia, con independencia y transparencia». Destacó su «talante abierto, su capacidad de trabajo y apuesta por la justicia rápida, con profesionalidad».

«Tengo absoluta confianza en el buen hacer de los órganos de gobierno del TSJC», destacando la necesidad de una «justicia independiente ya que no es solo un valor abstracto sino un instrumento efectivo para la garantía de los ciudadanos. Y el nuevo presidente lo llevará a cabo con transparencia».

Lesmes destacó «otro gran logro para la Justicia en esta tierra, porque recientemente ha sido reconocida por el Consejo General del Poder Judicial, por su contribución a la mejora de la calidad de la Justicia, otorgándose el Premio «Justicia más eficaz» a los Juzgados de lo Social 3, 7 y 10 de Las Palmas de Gran Canaria, por su proyecto «Optimización de recursos e integración de las nuevas tecnologías. Experiencia desde el año 2017»; y el Premio «Justicia más accesible» al Juzgado Decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, por su proyecto «Eficacia para resolver con rapidez y calidad las demandas de los justiciables», destacó en su discurso. También dio una gran importancia a un «logro muy reciente del que creo los canarios y los que no lo somos, podemos estar muy orgullosos: Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en la primera capital de España en albergar desde el pasado 1 de abril un Juzgado especializado en la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia».

El presidente del Consejo dio las gracias a Antonio Doreste, «un canario fiel a esa honestidad y lealtad propia de las personas de estas maravillosas islas. Un hombre de trato cercano y amable, que destaca por el profundo análisis jurídico de las cuestiones a las que ha tenido que enfrentarse en el ejercicio de la jurisdicción. Me consta que ha afrontado grandes retos con esfuerzo y atendido las necesidades de la Justicia en la Comunidad Canaria. Así, se ha mostrado especialmente preocupado por la prejudicialidad penal y su incidencia en la jurisdicción contencioso-administrativa».