El Defensor del Pueblo reclama «medidas concretas» para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia

Según dijo, la intención de la institución no ha sido conocer el número de casos registrados en España, sino averiguar el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar. El Defensor del Pueblo recibió en el último año 188 nuevos testimonios válidos de víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, lo que eleva la cifra 674. Así lo destacó el titular de la entidad, Ángel Gabilondo, durante la presentación de su informe ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, un año después de que la entidad entregara el informe a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

De los datos notificados se concluye que el 83,5% de las víctimas (564) son hombres y un 16,3% (110), mujeres. Por edad, la mayoría de los afectados (264) tenía entre 50 y 65 años en el momento de la entrevista, seguidas por las de 65 a 75 años (180). En cuanto al tiempo en que sucedieron los hechos, el 31% de los casos acontecieron en la década de los setenta; un 27,4%, en la de los sesenta y un 20,1%, en la de los ochenta.

Gabilondo reconoció que algunos de los últimos pasos dados por la Iglesia católica han sido relevantes, como el Plan Priva para resarcis a las víctimas, y subrayó que la jerarquía eclesiástica ha pasado de minimizar el problema diciendo que eran «manzanas podridas» a admitir un «implícito y progresivo reconocimiento de los hechos».

«Se requiere algo más, y es decisivo: la adopción de medidas concretas», alegó Gabilondo, quien adujo que la pederastia clerical ha sido posible durante décadas gracias a la imposición de la ley de silencio. En este sentido, se felicitó de que se haya roto el cerco de ocultación por el coraje de los damnificados que se han atrevido a contar sus casos. La reacción de la distintas diócesis ante el escándalo dista de ser homogénea. «Todos los obispos respondieron, pero con diferente calidad de respuesta».

«Es la hora del Parlamento. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas», dijo Gabilondo, quien defendió la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas. También apostó por crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de los perjudicados y que un órgano administrativo especial –creado para la ocasión– sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación. A este respecto, subrayó que «las compensaciones económicas deben formar parte de un proceso reglado y transparente».

En cuanto a las recomendaciones, Gabilondo abogó por el «desarrollo legal de una forma de acreditar el estatuto de víctima» y aseguró que la Iglesia no debe mantenerse al margen de las indemnizaciones que se arbitren. «La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad», aseveró.

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Argumentó que la propia Conferencia Episcopal «es consciente de que tiene que trabajar», toda vez que las víctimas «siguen sin ser parte del proceso canónico». Sobre el desempeño de los poderes públicos, el Defensor resaltó su inhibición: «A lo largo de décadas de abusos, no se han hecho cargo del problema hasta hace relativamente poco. No solo la Iglesia lo minimizó, sino que los. poderes públicos también lo hicieron».