El CSIC dice ahora que pagará el análisis de los lodos de la DANA, pese a pasarle un presupuesto a la Generalitat

Tal y como ha informado este diario, la entidad científica ha remitido en los últimos días a la administración autonómica una «propuesta de investigación» respecto a la composición de los lodos que deben retirarse de las localidades afectadas por la riada. Una investigación necesaria para poder trasladarlos a una ubicación, dentro de los cauces de dominio público hidráulico, donde no puedan tener un impacto ambiental negativo. El CSIC detalla en su informe, que no viene firmado, los análisis y comprobaciones a efectuar, pero acaba señalando –bajo el epígrafe de 'presupuestos total estimado'- que el coste de la investigación es de 320.000 euros «impuestos no incluidos». Así ha sido recibido por la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

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En el texto hecho público este lunes, el CSIC asegura que «no factura a la Generalitat Valenciana ni a ninguna otra administración por las labores de asesoramiento que está prestando a los gestores de la emergencia derivada de la DANA, cuyo coste asume en su totalidad». De hecho, explica que así lo hizo «en el apoyo científico-técnico que ofreció en el caso de la erupción del volcán de Tajogaite en la isla de La Palma en el año 2021, en el caso de la DANA, y en cualquier otra actuación que haya prestado».

Y añade: «El CSIC ha asumido el coste del desplazamiento del buque oceanográfico Ramón Margalef a las costas de Valencia (valorado en más de 300.000 euros), así como las labores de revisión de infraestructuras en municipios afectados por la riada, entre otras actuaciones desarrolladas en relación con la DANA».

Un portavoz de esta entidad, además, ha aclarado este lunes que el CSIC no ha enviado un presupuesto, sino «un proyecto de investigación y se detalla su coste». Incluso ha añadido que se trata de un informe técnico en el que tampoco se dice que el coste lo tenga que asumir la Generalitat.

Sin embargo, el documento remitido a la Generalitat incluye un apartado en el que se puede leer «presupuesto total estimado» que asciende a 320.000 euros (impuestos no incluidos) y en el que detalla los conceptos incluidos en la investigación, su coste sin IVA y en el que se incluye incluso la advertencia de que, en el caso de que sean necesarias «mayor volumen de muestras o análisis adicionales, el costo puede incrementarse proporcionalmente».

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En el documento, remitido por el Ejecutivo central a la administración autonómica, en ningún momento se hace referencia a que el coste de esa investigación vaya a ser asumido por el propio CSIC o por el Gobierno central. Al contrario, la prolija argumentación sobre el coste de cada una de las medidas a tomar para la investigación, la sectorización de la zona, la monitorización de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las muestras de rutina, así como el 10% de análisis específicos de las muestras y la monitorización compuestos orgánicos parece querer ofrecer una justificación sobre el coste total que, en el caso de que lo previsto fuera que lo asumiera el propio CSIC, podría considerarse innecesario.

El miércoles de la semana pasada, Generalitat y Gobierno central acordaban el depósito de los sedimentos retirados en las zonas afectadas por la DANA en la desembocadura del río Turia, con el objetivo de facilitar las labores de limpieza y reconstrucción de estas áreas, en la medida que los análisis confirmen su inocuidad, «dado que los primeros resultados corroboran que se trata mayoritariamente de tierras y arenas arrastradas por la corriente».

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Pero el CSIC se ofreció a realizar una investigación más detallada. «Estos residuos, provenientes tanto de aguas residuales urbanas como de escorrentías contaminadas, representan un desafío crítico para la gestión ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente. En este contexto, la evaluación de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos de estos materiales se convierte en una prioridad para garantizar una gestión adecuada que minimice los riesgos para el medio ambiente y la salud pública», señaló.