Condenado un guardia civil por hacer favores a cambio de jamones y otros regalos

Al ahora condenado se le conocía como «El Abogado». El agente, que ingresó en la Benemérita en 1987, fue detenido en noviembre de 2021 después de un año de investigaciones internas en el seno de la Guardia Civil bajo la operación «Cinabrio», que surgió por una denuncia anónima contra el agente dirigida a sus superiores y a un juzgado de Almadén.

Entre los favores que dispensaba destacaba el acceso al sistema SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana) de la Guardia Civil para comprobar datos de matrículas de vehículos. En una ocasión consiguió ser invitado a una montería para cazar jabalíes gracias a la información obtenida en esta base de datos.

En otra ocasión accedió al mismo sistema para comunicar a un hostelero que el camarero que iba a contratar carecía de antecedentes penales y también llegó a hacer un pliego de descargo en una denuncia por conducción temeraria al joven conductor de un quad que fue multado por circular en sentido contrario y no detenerse ante la Guardia Civil, motivos por los que iba a ser castigado con la pérdida de diez puntos de su permiso de conducir. El joven del quad, además, le estaba instalando en su coche una pantalla táctil y una cámara para aparcar.

Otra vez hizo un pliego de descargo para que otro joven no fuera multado por llevar varios cartuchos en un vehículo y llegó a llamar a uno de los agentes que interpuso una multa para que comunicara a sus superiores que había un error en la lectura de una matrícula. Un paso más en sus acciones fue falsificar la firma de un conocido en una declaración jurada para tramitar un recurso a una denuncia.

Todo ello a cambio de regalos, como así quedó grabado en las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por sus compañeros durante la investigación y que pudieron escucharse durante el juicio celebrado este mes.

En el juicio, el agente, de nombre José Luis, reconoció haber hecho algunos «favores» en su condición de guardia civil porque «sólo quería echar una mano a conocidos y ayudar a personas que acudían a mí pero no obtener un beneficio personal». En el caso del joven del quad reconoció que «sólo pretendía suavizar la sanción».

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La fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Guardia Civil, habían solicitado para el agente seis años de prisión y los mismos de inhabilitación por los delitos de revelación de secretos y falsedad documental. Por su parte, la defensa había pedido una condena de un año y medio de prisión, que es la mínima pena con que se castigan estos delitos, alegando dilaciones indebidas en el proceso judicial. Ahora reclamará la suspensión de la pena de dos años y medio de prisión.