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Los médicos de los servicios Quirúrgicos, Anestesia y Urgencias exigen la dimisión del equipo directivo del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Los profesionales recogen firmas, ya disponen de más de 50, en un documento el que aluden a la «incompetencia, decadencia y el crónico deterioro que ha desembocado en el actual caos» en el centro sanitario, «producto de años y años de una pésima gestión« que, en la actualidad, recae principalmente, en Alejandra Torres y Mercedes Prieto, gerente y directora médico, respectivamente, del complejo hospitalario.
En la citada carta los critican el «maltrato» al que se somete al capital humano, «la desidia, él despropósito y la inoperancia» por parte de los gestores. «Esa es la verdadera crisis -matizan los profesionales- y no la pandemia, que lo único que ha hecho es poner de manifiesto el auténtico desastre de fondo. Si no hacemos algo ahora, la endemia de su desidia, él despropósito y su inoperancia, se quedará instalada para siempre».
Este documento de petición de dimisiones en la cúpula administrativo del Insular, se elabora después de que se diera a conocer la polémica decisión de la cúpula del hospital de crear una guardia covid en el servicio de Urgencias que sería cubierta por facultativos de los servicios Quirúrgicos, es decir, por cirujanos, con la que el centro sanitario pretende «aliviar la presión asistencial que están sufriendo por la covid» que soporta esta área. Una decisión que fue rechazada de pleno por el servicio de Angiología y Cirugía Vascular: Manuel Díaz, jefe del departamento, presentaba su dimisión a la gerencia hospitalaria en respuesta a su desacuerdo y sus cuatro médicos adjuntos se negaban a hacer guardias que no fueran de su especialidad. «No salgo de mi asombro. No llego a entender cómo el Complejo Hospitalario llega a esta situación tan caótica«, señalaba Díaz en su carta de dimisión.
Sin embargo, son las declaraciones de la directora médica del Hospital, Mercedes Prieto, a la Radio Televisión Canaria (RTVC) en respuesta a estos profesionales, asegurando que ''no han querido colaborar. Todos los trabajadores del complejo se están batiendo el cobre para sobrellevar esta sexta ola y dar a nuestros pacientes la mejor atención que podemos. Solo hay cuatro personas que no han querido colaborar con esta asistencia'', las que hicieron saltar las alarmas entre los profesionales del hospital.
Los sanitarios, en este sentido, afirman en la carta que «nunca antes el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria ha sido portada de tantos periódicos o el encabezado de los telediarios. Tampoco, el hospital en tercer lugar del ranking de reclamaciones a nivel nacional: tanto por parte de los usuarios en general, como de los profesionales que allí trabajan en particular, y no ha de ser por la buena gestión de la actual dirección/gerencia del mencionado centro».
«Todos los que trabajamos en el Hospital Insular, desde los médicos, enfermeras y auxiliares hasta los que trabajan en el servicio de limpieza, mantenimiento, ingeniería, personal administrativo y un largo etcétera, somos el capital humano de esta empresa pública que se llama Hospital Insular. Es el activo más importante de cualquier empresa y que debería ser cuidado como el oro», reza la carta.
Sin embargo, dicho capital humano ha sido «ignorado, coaccionado y maltratado reiteradamente. Prueba de ello es la conocida lucha que tuvieron que encarar los compañeros de la UMI. Y lo propio ocurrió, ocurre y ocurrirá, si no hacemos algo inmediatamente y definitivo en el servicio de Urgencias«.
«Las pésimas condiciones laborales en la que se desempeñan los profesionales que trabajan en dicho servicio son las causas reales del éxodo masivo de los compañeros de Urgencias, hecho perfectamente conocido por las autoridades que dirigen el CHUIMI, como también por la población de Canarias, luego del desfile incesante de los compañeros denunciando sus justas reclamaciones a todos los medios de comunicación. Con lo cual no hay excusas, todos lo sabemos y la causa no es el covid«, denuncian.
En este sentido los sanitarios matizan en el documento que hubo que esperar a la sexta ola de la pandemia (comenzada hace dos años) para «coaccionar a todos los servicios quirúrgicos a 'colaborar' con la situación» y critican que se de la impresión de que se trabaja «en equipo para solucionar la crisis, cuando ha pasado el tiempo y no se ha generado un área de Urgencias en el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) para aliviar la presión de espacio y cuando persisten áreas de la 3 y 4 planta del hospital inutilizadas, en contraposición a los despacho de directivos recién renovados«.
En esta línea aseguran que no recuerdan «ningún tipo de solidaridad ni trabajo en equipo» por parte de las direcciones/gerencias para solucionar la «crónica realidad sangrante« del servicio de Urgencias del Hospital Insular.
«Supone un perjuicio personal en cuanto a un alto cúmulo de horas trabajadas y un cansancio acumulativo por los servicios prestados -explican los especialistas- especialmente al servicio de Anestesiología y Reanimación que presta guardias de presencia física al no disponer de un espacio adecuado para el descanso, lo que viola los requerimientos mínimos de la normativa al respecto, todo ello repercutiendo en nuestra actividad asistencial, y por ende en la calidad y seguridad de nuestros pacientes.»
El Hospital Insular es un hospital de tercer nivel que se ha convertido en un hospital de enfermedades crónicas que «saturan el sistema y no permiten dar salida» a la alta demanda asistencial, obviamente acumulada en inaceptables listas de espera donde abundan los cánceres, las isquemias, los aneurismas y un largo etcétera de patologías no demorables, explican. «Cuando debería ser un hospital ágil, con un giro/cama rápido que permita el ingreso de las múltiples patologías», sentencian.
En la actualidad se encuentran 60 pacientes ingresados con el alta médica esperado, durante meses e incluso años, su derivación a centros concertados sociosanitarios, usuarios que ocupan una cama que cuesta a los contribuyentes unos 700 euros por día. Es decir, ocupan un «10% de las camas de dotación del hospital con el consiguiente despilfarro económico que eso conlleva, gastando todo ese dinero público y bloqueando la capacidad operativa del hospital. Mientras tanto los pacientes se acumulan en el servicio de Urgencias en condiciones dignas del tercer mundo. Un verdadero despropósito», sentencian los mismos sanitarios.
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