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Contribuir a paliar el fenómeno de la despoblación al considerar la evolución demográfica de los lugares candidatos a albergar una entidad pública o primar las localidades o provincias con elevados niveles de desempleo son dos de los criterios básicos establecidos por el Gobierno central para guiar el proceso de elección de las sedes de los organismos públicos, entre los que se incluye el futuro centro volcanológico estatal. Así se establece en el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, que fija el procedimiento a seguir para determinar las sedes físicas de las entidades del sector público institucional estatal.
A esta norma remitió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ser preguntado por la ubicación del futuro centro vulcanológico español durante su última visita a La Palma.
Según anunció Sánchez al presidente regional, Ángel Víctor Torres, en un encuentro mantenido en Lanzarote, la nueva entidad científica se ubicará en las islas, si bien, en su última comparecencia en Canarias, añadió que el lugar concreto donde se instalará se elegirá siguiendo las instrucciones fijadas en este decreto.
Los principios de «vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de la actividad» guiarán la elección de la sede física de las entidades públicas estatales a través de un proceso «objetivo y competitivo» en el que las administraciones regionales y locales podrán postular sus candidaturas.
El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos han anunciado su intención de postularse a albergar el centro vulcanológico estatal, una institución que contribuirá a recuperar económica y socialmente la isla tras la reciente erupción volcánica. También el Cabildo de Tenerife reclama la entidad para la isla del Teide, donde ya operan el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).
Por su lado, Torres anunció que el Consejo de Gobierno realizará una propuesta de ubicación avalada por informes científicos.
No obstante, la norma ordena que la «decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, que por vez primera deberá motivar la elección de una localidad para albergar una institución pública».
La participación de las comunidades autónomas y las administraciones locales en el proceso de selección de la ubicación de las entidades públicas estatales consistirá en postular «localidades para albergar las sedes» comprometiendo recursos y cesiones de diferente naturaleza para que «la Administración General del Estado no tenga que asumir íntegramente el coste de la instalación de una entidad».
Estas propuestas serán evaluadas por un comité consultivo que estará presidido por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y formado por representantes de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Trabajo y Economía Social, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Hacienda y Función Pública, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este comité, además, incluirá a vocales de los ministerios a los que se adscriban las entidades afectadas.
Las funciones de este órgano consultivo serán, entre otras, formular recomendaciones al Consejo de Ministros sobre la ubicación más idónea de las futuras sedes, elaborar un informe con los criterios específicos a valorar para determinar la ubicación y analizar las propuestas presentadas por comunidades y administraciones locales.
El Consejo de Ministros será el encargado de iniciar el procedimiento previo a la creación del centro volcanológico estatal, según el Real Decreto 209/2022. Este acuerdo se acompañará de una memoria que defina la naturaleza y funciones de la entidad, el número de personas que trabajarán en ella y otros elementos relevantes para fijar su sede. En el plazo de un mes, el comité creado al efecto emitirá un informe con los criterios a valorar en las localidades que se postulen a acoger la entidad pública. A partir de entonces se presentarán candidaturas con una memoria justificativa de compromisos de cesión de bienes o financiación. Tras el análisis de las propuestas, el comité emitirá un dictamen que será remitido al Consejo de Ministros para su consideración.
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