El porcentaje de población canaria en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social se ha reducido, pasando del 33,8% de 2023 al 31,2% del año pasado. Sin embargo, las condiciones que han conducido a las familias del archipiélago a esta situación de vulnerabilidad no han cambiado, e incluso se han recrudecido, según la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, respecto a los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la última Encuesta de Condiciones de Vida.
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De hecho, la pobreza sigue enquistada en Canarias, que se mantiene a la cabeza de España en cuanto al porcentaje de personas que sufren carencias materiales y sociales severas, con un 10,8% soportando graves privaciones.
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«Hay una aparente mejoría económica; aparente en la medida que las situaciones de vulnerabilidad se recrudecen por tres factores»; la emergencia habitacional que sufre Canarias, el empobrecimiento de los trabajadores por el empleo precario y el alto coste de la vida, señala Suárez.
La portavoz de Cáritas resalta que el encarecimiento descontrolado de la vivienda en las islas obliga a muchas familias a destinar la mayor parte de sus ingresos a costear un techo para evitar el sinhogarismo y que las familias más vulnerables no pueden acceder a una vivienda por las condiciones que les imponen.
La secretaria general de Cáritas reconoce que el desempleo se está reduciendo, pero que no logra sacar a flote a las familias más desfavorecidas. «Se está generando empleo, sí, pero ¿de qué tipo? Puede haber una mejoría aparente, pero muchos de los que se están creando son tan precarios que generan trabajadores pobres, con ingresos insuficientes para llegar a fin de mes», puntualiza.
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El tercer factor es el alto coste de la vida, que se suma a los anteriores. «El 49% de la población canaria se encuentra en una situación económica que le impide hacer frente a gastos imprevistos, como que se rompa la nevera o el coche», señala sobre un dato que pone de manifiesto la gran cantidad de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social. La imposibilidad de afrontar un contratiempo económico «hace que una familia pueda caer en una precariedad mayor», resalta Suárez, que ilustra su argumento con un ejemplo: «el coche puede ayudar en la búsqueda de empleo, para el traslado al trabajo».
Además, en opinión de la portavoz de Cáritas, de este dato se desprende que muchas familias canarias cuentan con ingresos que apenas cubren la cesta de la compra y que les impiden realizar gastos «en cultura, educación o deporte y, menos aún, poder permitirse unas vacaciones o participar en la vida social».
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«El nivel de ansiedad, frustración e impotencia que conlleva genera situaciones de adicción y problemas de salud mental», apunta Suárez.
En el caso de las entidades que dan apoyo a estas personas, el aumento de la precariedad obliga a redoblar el trabajo para prestar ayudas de todo tipo: empleo, productos básicos de alimentación, pago de la luz o alquiler. «La institución tiene que hacer un sobreesfuerzo para tramitar las solicitudes que llegan, no pudiendo solventar todas las demandas», lamenta.
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