Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 27 de noviembre 2024, 16:42
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, cree imposible asumir a los pacientes de Muface en el sistema sanitario público con la estructura actual, aparte de «la ralentización» que supondría para unos servicios «ya de por sí tensionados».
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Monzón ha indicado en el pleno del Parlamento de Canarias que si se produce esa integración habría «consecuencias importantes» sobre las infraestructuras, el personal y la gestión del sistema público, y lo que plantearía el Gobierno autonómico, llegado el caso, sería «revisar el coste» de esta operación.
Pero por el momento el Ministerio de Sanidad no ha convocado a las comunidades autónomas para abordar esta cuestión.
Es más, ha criticado que no le haya pasado a los consejeros de Sanidad un informe técnico que el secretario de Estado ha publicado en la red social X, y que ella se encargó de copiar en el chat en el que participan sus homólogos en el resto de las comunidades.
La responsable de Sanidad en Canarias ha hablado de un «impase» después de que el Ministerio haya invitado a las empresas aseguradoras a poner sobre la mesa un precio al que estarían dispuestas a participar la licitación del nuevo concierto de Muface.
La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha advertido de que la cobertura de 62.300 canarios «pende de un hilo», así como del impacto del «desembarco de golpe» de todas estas personas en el sistema sanitario público.
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Al respecto, la consejera ha matizado que de esas 62.300 personas, unas 12.000 son ya atendidas por el sistema sanitario público canario.
Sea como fuere, ha recalcado Luz Reverón, la posible integración de Muface provocará que «el esfuerzo» realizado por el Gobierno de Canarias para reducir las listas de espera «se va a ir al garete».
Paula Jover (Vox), que también le ha preguntado a la consejera por Muface, ha hablado de «una nueva traición a los españoles» por parte del Gobierno central, en este caso concreto al millón y medio de funcionarios atendidos por Muface.
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Calcula Jover que de producirse esta integración las listas de espera en consultas aumentarían un 266% y las quirúrgicas, un 115%, además del cierre de clínicas.
Un panorama que, cree, exige «acción» por parte de los consejeros autonómicos «y no quedarse tranquilos».
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