No, Canarias no ha autorizado la caza de gatos asilvestrados

El Gobierno canario se ha visto obligado a desmentir un bulo que ya circuló hace más de un año y que se ha vuelto a viralizar. Varias asociaciones animalistas aseguran que el Ejecutivo canario ha autorizado a Cabildos y Ayuntamientos a cazar a gatos asilvestrados de las islas.

El comunicado conjunto del Gobierno de Canarias y la Consejería de Transición Ecológica y Energía señala lo siguiente:

«El Gobierno de Canarias no ha ordenado a Cabildos y Ayuntamientos matar a los gatos comunitarios de las islas. Lo que afirma la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales es rotundamente falso y desde la Consejería de Transición Ecológica cumplimos estrictamente con la legalidad vigente.

El Gobierno de Canarias lleva a cabo un protocolo de control de la especie que se encuentra asilvestrada en espacios naturales protegidos debido a que suponen una grave amenaza para la biodiversidad canaria y nuestros frágiles ecosistemas«.

Pese a la denuncia de los animalistas, no es cierto que Canarias haya autorizado recientemente la caza de gatos asilvestrados ni que esa medida se creara en 2023. Lo que contempla desde hace más de dos décadas la legislación canaria sobre la actividad cinegética es la caza menor de especies asilvestradas, no obstante, eso cambió con la entrada en vigor en septiembre de 2023 de la Ley de Bienestar Animal, que prohibió cazar perros, gatos y hurones asilvestrados.

De hecho, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha iniciado un plan para reubicar a los gatos asilvestrados que habitan en espacios naturales, para proteger especies endémicas vulnerables y evitar pérdidas en el ecosistema local.

Desde la Consejería han recordado que la presencia de felinos ha sido uno de los principales factores que contribuyeron a la desaparición de especies como la codorniz gomera y el lagarto gigante de La Palma. Además, han asegurado que el plan sigue las directrices de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, que promueve tanto la protección de la fauna salvaje como de los animales domésticos.

Los gatos recogidos son llevados a centros veterinarios, donde se les esteriliza, y posteriormente se reubican mediante adopción o en colonias controladas, «siguiendo el protocolo CER (Capturar, Esterilizar, Retornar) para garantizar tanto el bienestar de los felinos como la conservación del entorno natural», aseguran desde la Consejería.

En algunos casos «excepcionales», cuando el estado de salud o el comportamiento del gato no permite su reubicación, se recurre a la eutanasia bajo recomendación veterinaria.

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