Los bulos, el invitado no deseado que se coló en la crónica negra de 2024

El 18 de agosto era domingo, uno más de los que Mateo, de 11 años, iba al campo de fútbol del polideportivo municipal de Mocejón (Toledo) para jugar con sus amigos. Un joven encapuchado entró por donde estaba rota la valla, le apuñaló y le mató.

El asesinato conmocionó a toda España, pero también fue aprovechado por algunos para lanzar bulos en las redes sociales y mensajes de odio y xenófobos contra el presunto autor del asesinato, cuando los investigadores aún no sabían quién lo había cometido porque acababa de ocurrir.

Y las redes sociales estuvieron también presentes en el inicio de una historia que acabó en un triple asesinato: el de tres hermanos -dos mujeres y un hombre- en Morata de Tajuña (Madrid) por las deudas contraídas en una estafa amorosa.

Fueron asesinados el 17 de diciembre de 2023, pero el triple crimen no se conoció hasta un mes más tarde, ya en 2024, y por eso lo incluimos en la crónica negra de un año en el que Daniel Sancho también ha vuelto a protagonizarla.

Mateo murió a manos de un joven de 20 años que se coló en el campo de fútbol de Mocejón armado con un cuchillo y encapuchado. Huyó, se deshizo del arma, que fue encontrada en las proximidades de la casa del padre horas después, y se cambió de ropa en la vivienda de su abuela.

Con un 70 por ciento de discapacidad, según indicó su progenitor, el joven mató a Mateo porque no se pudo controlar. Lo hizo «su otro yo», según relató a los agentes cuando confesó el crimen al día siguiente de perpetrarlo.

Este caso, que conmocionó a los españoles y especialmente a los vecinos de Mocejón por la edad de la víctima y las circunstancias del crimen, corrió como la pólvora por la redes sociales, donde se especuló con la identidad del autor cuando apenas habían comenzado las pesquisas.

Y es que es algunos perfiles se afirmaba que el presunto asesino de Mateo era una magrebí, una persona extranjera o, incluso, un 'mena', el acrónimo que suele emplearse de forma despectiva para referirse a los menores extranjeros no acompañados.

Mensajes xenófobos y de odio circularon por las redes, donde también sufrió ataques el portavoz de la familia de Mateo y primo de la víctima, Asell Sánchez.

Hasta el fiscal jefe de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, tuvo que intervenir y propuso una reforma del Código Penal para que los condenados por delitos de odio en la redes tengan que mantenerse un tiempo alejados de ellas, además de mostrarse partidario de que todos los usuario de estas tengan que estar identificados.

Mientras, el juez decretó prisión comunicada y sin fianza para el autor del crimen y pidió a Instituciones Penitenciarias que le ingresara en un centro adecuado a su discapacidad.

18 de enero, 11.30 horas. La Guardia Civil encuentra en una vivienda de Morata de Tajuña los cuerpos quemados, apilados y con restos de sangre de tres personas de entre 70 y 80 años. Corresponden a los hermanos Pepe, Amelia y Ángela.

Hacía tiempo que nadie los veía. Algunos sí conocían su historia, la de amor que las dos mujeres vivían de forma virtual con dos militares estadounidenses, destinados en Afganistán con los que habían contactado por Facebook.

Uno de ellos murió, según les comunicó el superviviente, Edward. Pero podrían cobrar una suculenta herencia y disfrutarla juntos. Para ello, necesitaban sufragar una serie de gastos previos.

Así que las dos hermanas fueron haciendo transferencias de dinero hasta quedarse en la ruina. Por amor -o por avaricia, quién sabe-, las mujeres fueron pidiendo dinero a familiares, vecinos, allegados... con el mismo argumento: para recibir una millonaria herencia de un familiar de EE.UU. tenían que hacer frente a unos gastos. Los préstamos, ya los devolverían con creces.

Uno de los prestamistas fue precisamente quien luego acabó con sus vidas, un hombre de origen pakistaní, de 42 años y llamado Dilawar Hussesin F.C., al que habían alquilado una habitación de la casa de Morata.

A este hombre le debían unos 60.000 euros que les había prestado para los gastos de la herencia. Esa deuda fue, supuestamente, el móvil de Dilawar para ajustar cuentas con los tres hermanos y matarlos, como él mismo confesó.

Ya tenía antecedentes, porque en febrero de 2023 ya fue detenido por golpear con un martillo en la cabeza a Amelia, una de las dos hermanas.

Su «historial» no acabó en Morata de Tajuña. Ya en la cárcel por el triple crimen, mató a su compañero de celda en la prisión madrileña de Estremera. El arma, una pesa del gimnasio.

Apenas 20 días después, otro suceso sorprendió a los españoles. Dos chicos de 13 y 15 años habían matado a su madre en Castro Urdiales (Cantabria). Costaba creerlo, pero las investigaciones y las pruebas recabadas por la Guardia Civil así lo constataban.

Fue la noche del 7 de febrero cuando «actuando de común acuerdo (...) y, según ambos habían planeado con anterioridad, con el propósito de acabar con la vida de la madre, cuando esta se encontraba comiendo sola en la cocina de la vivienda, de forma sorpresiva se abalanzaron sobre ella», según recogió la sentencia que condenaba a los menores.

Tras atacar con un cuchillo a su madre, a la que pusieron dos bolsas en la cabeza porque sangraba, la ataron los pies y las manos con cinta aislante. Los hermanos, adoptados en Rusia cuando tenían 4 y 2 años, trasladaron el cuerpo al garaje, que estaba comunicado directamente con la casa por unas escaleras, y lo metieron en el maletero del coche.

Los menores limpiaron el rastro de sangre y dejaron una nota en la cocina con la palabra «ayuda». Luego intentaron arrancar el coche, pero no pudieron sacarlo del garaje y lo empotraron contra la puerta de la cochera.

Decidieron entonces ir al centro de Castro Urdiales y estuvieron merendando en un bar, después de haber cogido una mochila en la que metieron el teléfono de su madre y su tarjeta de crédito.

Sobre las ocho de la tarde llamaron a la abuela para decirle que habían sido secuestrados. Fue ella quien avisó a la Guardia Civil.

Unas fotos de Google Street View, en las que aparecía una persona cargando un saco en una camioneta de color granate, pudieron ser claves para esclarecer uno de los últimos crímenes conocidos este año, aunque se cometiera el pasado.

Este mismo martes se supo que la Policía Nacional había detenido a una mujer y a su pareja actual por supuestamente matar y desmembrar al marido de ella, un hombre de origen cubano que llevaba meses desaparecido y cuyos restos fueron localizados en el cementerio del municipio soriano de Andaluz.

Tras meses investigando la desaparición de la víctima, fue hallado el cuerpo desmembrado en el cementerio del municipio -un pueblo de una veintena de vecinos en la comarca de Berlanga de Duero-.

Un familiar de la víctima denunció la desaparición y contó a los agentes que había recibido una serie de mensajes desde el teléfono del cubano en los que éste le decía que había conocido a una chica, que se iba de Soria y que se deshacía del móvil. Mensajes que le hicieron sospechar y a acudir a la Policía.

Los investigadores recabaron pruebas suficientes para identificar a los autores, ya en prisión.

Casi nadie dudaba y así fue. Daniel Sancho, acusado de matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, fue condenado en Tailandia a cadena perpetua. El fallo fue revelado el 29 de agosto y la sentencia se dio a conocer el 12 de septiembre, por un caso que, sin duda, ha sido el más mediático de los dos últimos años.

No duda el tribunal sentenciador de que Sancho golpeó a Arrieta con «intención de matar» y de que preparó el crimen al haber comprado cuchillos, una sierra y bolsas de plástico.

«Dado que el acusado había puesto fin a la relación (con Arrieta), pero el fallecido se había negado a aceptarlo y había amenazado con revelar secretos y matar al acusado, se cree que este fue un motivo para el acto violento que condujo a la muerte del fallecido», señalaba la sentencia.

Un fallo que los abogados de la familia de la víctima han recurrido porque entienden que Sancho debe ser condenado a pena de muerte.

Y no es que quieran que el joven sea ajusticiado, algo que ya no pasa en la práctica en Tailandia, sino que pase el mayor tiempo posible en la cárcel en ese país, según aseguraron recientemente los abogados.

Unas horas después de que el ministro del Interior presentara el nuevo plan contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, el narco ofreció su peor cara.

La noche del 9 de febrero en el puerto de Barbate (Cádiz) una narcolancha embistió a una patrullera de la Guardia Civil y mató a los agentes David Pérez y Miguel Ángel González.

Pocas horas después, seis personas fueron detenidas y encarceladas por orden judicial. Sin embargo, las investigaciones, en las que participó la UCO, desvelaron que fue otra narcolancha la que atacó a la patrullera. Hasta septiembre no pudo ser detenido el piloto de la embarcación autora del ataque.

Pese a las medidas que el Gobierno lleva años adoptando en la zona y a los buenos resultados policiales que están teniendo, el suceso de Barbate volvió a dejar patente que el narco sigue instalado allí. Y además, con apoyos.

Un ajuste de cuentas por asuntos de droga y armas es la hipótesis más probable del asesinato el pasado mes de junio de Borja Villacís, el hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís.

Vinculado a Ultra Sur y al narcotráfico, la víctima iba de copiloto en un vehículo cuando recibió varios disparos en el pecho y la cabeza, probablemente efectuados con un rifle de caza y por los que perdió la vida, a la altura del kilómetro 6 de la carretera M-612, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Los supuestos homicidas, dos hombres y una mujer vinculados a un clan familiar dedicado al narcotráfico y radicado en la localidad toledana de Bargas, iban a bordo de BMW de color gris, desde el que dispararon.

«Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos», escribió en las redes sociales Begoña Villacís poco después del suceso.

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