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Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 28 de marzo 2025, 17:54
Las diferentes Audiencias Provinciales de España han alertado del exceso de carga de trabajo que soportarán a partir de octubre los juzgados de Violencia sobre la Mujer al tener que asumir los delitos de violencia sexual, tal como establece la nueva Ley de Eficiencia Procesal.
Los jueces piden un estudio pormenorizado del volumen de estos delitos y de la penosidad de su instrucción, así como dotar de plazas judiciales y más medios personales, según indican en las conclusiones de unas jornadas que han reunido a los presidentes de las Audiencias Provinciales de todo el país en Las Palmas de Gran Canaria.
Ello permitiría afrontar las nuevas competencias «evitando la revictimización» que la dilación de los procedimientos penales y civiles pueda ocasionar, según los jueces.
También demandan «soluciones de comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia».
De esa forma se establecería un sistema organizado de guardias y se unificarían los servicios de atención a las denunciantes, «ganando en rapidez y evitando revictimizaciones innecesarias».
Los jueces solicitan también que las causas por delito de trata con fines de explotación sexual, que son complejas, no se demoren innecesariamente.
Igualmente, creen necesario impulsar protocolos de atención a víctimas de violencia de género en situación de especial vulnerabilidad, por su avanzada edad o discapacidad.
Asimismo, proponen la creación de un observatorio específico de violencia de género en el medio rural con el fin de analizar sus peculiaridades, sugieren medidas específicas de control y establecer mecanismos para que se cumplan.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien ha clausurado las jornadas celebradas en la capital grancanaria, ha asegurado que el Gobierno acomete «la mayor transformación de la Justicia en décadas» y la inversión ha aumentado un 25 por ciento.
Según ha asegurado, la Ley de Eficiencia Procesal crea tribunales de instancia para que «la Justicia sea más cercana, sea más ágil y pueda resolver esos problemas que los ciudadanos y las empresas eh plantean cuando acuden ante los tribunales».
Asimismo, el Gobierno ha repartido entre las comunidades autónomas 410 millones de euros para la digitalización de la Justicia, ha recordado Bolaños.
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