Las agresiones a funcionarios en la prisión de Juan Grande se han triplicado

Representantes de sindicatos y la Junta de Personal de las prisiones de la provincia de Las Palmas emitieron un comunicado en el que muestran su solidaridad con los funcionarios de prisiones que han sido agredidos por internos en el Centro Penitenciario Las Palmas II (Juan Grande). «La situación es insostenible», manifestaron acerca del aumento de hechos violentos de presos contra trabajadores, que se han triplicado este año.

Representantes de sindicatos y la Junta de Personal de los servicios periféricos del Estado en la provincia de Las Palmas leyeron ayer un comunicado en el que muestran su solidaridad con los funcionarios de prisiones que han sido agredidos por internos en el Centro Penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), en actos que se celebraron en la Delegación del Gobierno y en Juan Grande. «La situación es insostenible», manifestaron sobre el aumento de hechos violentos de presos contra trabajadores, que se han triplicado este año y con una plantilla mermada al 50%.

Yolanda Rivera, de Acaip-UGT, detalló que las agresiones que se han producido en los últimos meses a personal de una cárcel «desbordada» como es la de Juan Grande son «flagrantes». «Nos envían, cuando tienen mal comportamiento, internos de todos los centros penitenciarios de las islas, pero nosotros no estamos dotados de personal ni de una infraestructura de educadores, programas de tratamiento o médicos suficientes para atender esa demanda, lo que genera, por ejemplo, que todos los fines de semana haya problemas porque la medicación de cada interno para ese periodo de tiempo se entrega los viernes, lo que da pie a que hagan mal uso de ella, porque nadie controla que se la tomen cuando corresponde», detalló a los medios.

Las Palmas II es un «centro polivalente, con estructura para albergar a muchos tipos de internos, pero con un personal deficitario para atender tales requerimientos», añadió, por lo que «de los 300 funcionarios existentes, la mitad hace labores de oficina y no de vigilancia, lo que genera que muchas veces dos trabajadores se vean en módulos conflictivos con cien internos y solo con un bolígrafo en su bolsillo» ya que los medios de defensa no se utilizan sino en casos extremos, añadió.

También apuntó Rivera que los internos psiquiátricos «están mal atendidos» ya que apenas hay médicos los fines de semana y «se toman los viernes los medicamentos de todo el fin de semana», lo que aumenta las «agresiones y las faltas de respeto».

Los presos que son agresivos, «tras estar en aislamiento, vuelven al módulo y ellos mismos se retroalimentan», comentó Rivera. «Luego dicen que le pegaron al funcionario y que no le ha pasado nada, no ha sido castigado como es debido, y genera más peligro para los trabajadores».

Las Palmas de II, que cuenta con 806 reclusos, es peligrosa para estos trabajadores:«Nosotros no entramos a un módulo con porras, esposas o un escudo, sino con un bolígrafo en la camisa y un 'walkie-talkie'».

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, animó «a la población canaria a opositar para ser funcionario de prisiones», lo que «contribuiría a paliar, en parte, el vacío que dejan los muchos trabajadores que concursan cada año para cambiar de destino».

El comunicado que leyeron en una concentración celebrada en la Delegación del Gobierno de la capital grancanaria expresa lo siguiente:

«Ante las diferentes agresiones sufridas por el personal penitenciario de nuestra provincia, este órgano de representación del personal funcionario no puede sino solidarizarse y apoyar a estos/as compañeros/as, realizando un acto de repulsa.

Este acto se materializa, con esta manifestación, en la puerta de la Delegación del Gobierno y con este escrito que será entregado a la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas, donde se le insta a tratar de conseguir que se implanten sistemas que garanticen la correcta salud laboral, de los trabajadores afectados.

Esta escalada de agresiones a los compañeros/as de los Centros Penitenciarios por parte de la población reclusa, debe obligar a las autoridades competentes a una toma de decisión o a la creación de reuniones periódicas con los Directores, donde se evalúe la situación y se busquen soluciones ágiles y eficientes.

La falta de personal funcionario en estos ámbitos, la actual situación pandémica y las normas de aislamiento sanitario, amén de otras reivindicaciones laborales muy necesarias, deben llevar implícita la colaboración de las autoridades estatales en nuestro ámbito territorial.

Es por ello, que desde este órgano de representación se insta a que se prevean estas situaciones y que se programen soluciones y alternativas para, con respeto a la ley y los derechos, se consiga una mejor gestión penitenciaria que impida situaciones de riesgo real y lesiones al personal funcionario afectado.

Así, y con ese cometido, estamos hoy en esta manifestación y se interpone nuestra denuncia sobre estas lamentables situaciones y en apoyo a este personal funcionario de la Administración General del Estado. Para que, con ello, se consiga una mejor gestión, para evitar la reiteración de estas situaciones.

Nuestro total apoyo y solidaridad a los/las compañeros/as de prisiones y, en particular, a aquellos/as que han sufrido agresiones».