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Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 23 de mayo 2019, 21:29
Según recoge el texto de la denuncia, cuando el Gobierno y las asociaciones firmaron el acuerdo de equiparación salarial se llegó al compromiso de contratar a una consultoría externa que trasladaría los trabajos y los estudios elaborados a las asociaciones del Instituto Armado. Lo que se denuncia ahora es que nunca se produjo este traslado por parte de la consultoría contratada, Ernst & Young Abogados.
En este sentido, otro aspecto clave en esta denuncia pasa por la información que publicó ‘El Independiente’ el pasado día 26 de marzo con el siguiente titular: «Interior ordenó maquillar el informe de la equiparación salarial diciendo que no habría más dinero”.
Ahora la titular del Juzgado de Instrucción Nº 17 de Madrid considera que “es procedente acordar la incoación de Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado.”
Para ello, la juez convoca para prestar declaraciones testificales tanto al periodista que firmó la información en El independiente como a representantes de la consultora junto a personal funcionario que ha estado presente en el proceso de negociación por la equiparación salarial de los cuerpos policiales del Estado con los Mossos d´Esquadra. Estas declaraciones tendrán lugar el próximo 10 de junio.
Cabe recordar que en el acuerdo firmado en marzo de 2018 con el Gobierno, publicado en el BOE, se indicaba expresamente que las asociaciones colaborarían en el proceso de equiparación. Sin embargo, en lo relativo a dicho informe externo, el ministro del Interior justificó la ausencia del mismo el pasado día 27 de marzo, durante el Pleno del Consejo celebrado ese día, alegando que aún no se habían recibido esos trabajo, pero la versión del Ministerio quedó días después en evidencia, tras conocerse que supuestamente sí habían recibido el estudio siendo el mismo rechazado, por falta de validez en el análisis de puesto a puesto de trabajo entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, dando un nuevo plazo de cuarenta y cinco días hábiles para la finalización del trabajo por parte de la Consultoría.
La admisión a trámite de la denuncia por parte del juzgado viene a confirmar que existe una sobrada base para la preocupación por la falta de transparencia y las presuntas irregularidades que se observan en este proceso. Llegando incluso a pronunciar que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, cuestión en sí misma que evidencia la necesidad del inicio de las acciones legales, que anteriormente a su comienzo ya habíamos informado a los responsables ministeriales.
Otro aspecto importante, es que gracias a las acciones legales interpuestas por AUGC, el juzgado ha reclamado “a la entidad Ernst & Young Abogados a fin de que remita a este juzgado los documentos, informes etc, que hayan elaborado en relación con el contrato de los servicios de consultoría para el análisis de la retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el seguimiento de la implementación del Acuerdo entre el Ministerio del interior, sindicatos de la policía nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil».
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