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La profesión veterinaria ha vuelto a tomar las calles este miércoles, en toda España, para protestar contra el Real Decreto 666/2023, más conocido como Ley de medicamentos veterinarios, que, a su juicio, «limita y ralentiza» su labor.
200 profesionales del área, según datos del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, se congregaron frente a la Delegación del Gobierno de la capital grancanaria, junto a docenas de personas y sus mascotas, entre proclamas que rezaban: 'Veterinarios unidos, nunca serán vencidos', 'Si tienes mascota, esta ley te toca', 'Por la salud de nuestros animales', 'Así, así, no puedo prescribir'. La manifestación fue secundada en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, ante sus respectivas subdelegaciones del Gobierno.
Pero eso no fue todo. Representantes del colectivo se reunieron con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para presentar en el registro más de 20.500 firmas recogidas en la provincia palmense contra el decreto, en tan solo tres semanas, y trasladar personalmente sus quejas.
Tan lejos han llegado las reivindicaciones del colectivo que hasta el Parlamento canario ha solicitado al Gobierno español que escuche a los y las veterinarias y retire o revise la normativa.
Yeray Macías, vocal del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, fue una de las personas que se reunió con Pestana para pedir exactamente lo mismo: la revisión de la norma, con el fin de que España cuente con una similar a la que se aplica en el resto de Europa. «La española es mucho más restrictiva para los profesionales y nos vemos limitados», matizó.
También se exigió en el encuentro una moratoria del sistema Presvet, una herramienta con la que se monitoriza y vigila las prescripciones veterinarias de antibióticos. El objetivo consiste en controlar el consumo de los mismos para evitar que los animales desarrollen tolerancia.
Este método ha generado gran malestar en la profesión veterinaria, ya que ralentiza el inicio del tratamiento de las mascotas. De esta manera, la afección del paciente puede agravarse hasta el punto de ocasionar su muerte.
El colectivo veterinario enumera varios frentes relativas a estas demoras. Uno de ellos es que la norma restringe el número de medicamentos que pueden prescribir los veterinarios en su consulta. Esto obliga a las familias a acudir a las farmacias en búsqueda de los fármacos, una misión que se puede volver imposible por la falta de stock.
Otro, la necesidad de realizar un cultivo previo a la prescripción de determinados medicamentos; habría que esperar a los resultados para hacerlo.
Macías puso el foco sobre un tercer escollo, y es que la ley «obliga» a los y las veterinarias a «a prescribir exclusivamente en base al prospecto, cuando en veterinaria los prospectos no están actualizados, esto hace que la prescripción del tratamiento sea dificultosa» y, de nuevo, el inicio del tratamiento tarde, con todo lo que ello implica.
El incumplimiento de estas medidas, además, conlleva «unas multas desproporcionadas», que, para la veterinaria Isabel Quintana, deben ser lo primero a eliminar: «Es necesario para trabajar con mayor libertad de prescripción, si lo hacemos con miedo, no podemos trabajar ni tomar una decisión adecuada en cada momento».
Otra cuestión que resaltó es el encarecimiento de los tratamientos, pues las familias tienen que comprar una caja entera del medicamento en las farmacias, mientras que en las consultas veterinarias se les proporciona la dosis exacta.
Por su parte, la veterinaria Elisa Perdomo lamentó que la normativa cuestione el «criterio profesional, clínico y de sanidad animal» de estos profesionales, que también son sanitarios, para vigilar la tolerancia a los antibióticos de sus pacientes. «Entiendo que existe la resistencia a antibióticos, pero el Estado ha pasado de tener manga ancha en este asunto a cerrar el grifo del todo», ahondó.
Yeray Macías
Vocal del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas
El colectivo veterinario no estuvo solo durante la manifestación. Los propietarios y propietarias de mascotas se sumaron a la protesta, algunos y algunas con sus peludos. Guillermo Alfaro fue uno de ellos, quien no faltó a la cita junto a sus labradores Max y Pella. Alfaro puso el acento en la incertidumbre que genera esta norma en las familias: «Cuando les pueda ocurrir algo grave, ¿tenemos que pasar por todas las farmacias a ver si tienen el medicamento? Y si no lo tienen, ¿ahí el veterinario ya puede prescribirlo? Al final, es el profesional capacitado para hacerlo, pues administra la dosis exacta».
En la misma línea se manifestó Mariana Suárez, quien no pudo evitar emocionarse al señalar a su perrita Nala: «La norma va a perjudicar más que a beneficiar, en lo que esperan, por ejemplo por el cultivo, muchos van a morir y eso es lo que no quiero para ella, es un miembro más de la familia».
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