Lleó se ofrece a reconocer que intentó sobornar a Carlos Espino

El empresario Luis Lleó, a través del procurador que le representa, ha dado esta semana traslado a la Audiencia Provincial de Las Palmas de un documento donde se dice que «de forma expresa se reconocen los hechos objeto de acusación, admitiendo los mismos, sin perjuicio personal que sobre ello debe realizar mi representado». Es decir, el acusado se muestra dispuesto a asumir la acusación que pesa en su contra de haber intentado sobornar en la primavera de 2008 a Carlos Espino, entonces consejero del Cabildo, acción que sirvió de arranque para el caso Unión.

En base a lo señalado, se abre la puerta a que este acusado y el Ministerio Fiscal puedan cerrar un acuerdo sobre la condena a imponer, avanzó O2 Radio en la mañana de ayer.

En el documento se advierte, además, que el acusado se muestra conforme a desistir «de todas y cada una de las cuestiones previas planteadas, así como de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales». Hay que hacer referencia aquí a las actuaciones emprendidas por varios acusados de pedir que se considere nula la grabación inicial realizada para abrir el caso Unión, fruto de la denuncia formulada por Carlos Espino tras saber que iba a ser objeto de un presunto intento de soborno, por mediación del empresario Fernando Becerra, acusado de supuesto cohecho, al igual que Luis Lleó. Esta grabación fue considerada como válida tras una vista celebrada en noviembre del pasado año por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Un tercer punto alude a celebrar una vista, «sin necesidad de continuar con la tramitación del proceso y el señalamiento y formación del Jurado». Y como apartado final se advierte de que se quiere «hacer frente a las responsabilidades pecuniarias, por lo que se deja anunciado que antes de la celebración de la vista interesada se proceda a consignar cantidades económicas».

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Lleó está acusado de intentar pagar a Espino para que éste permitiera sacar adelante un proyecto en Playa Blanca ajenos al planeamiento insular, con licencia para 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje. Fiscalía pidió en su informe sobre los hechos, en mayo de 2013, pena de seis años de cárcel para Lleó; rebajándose la petición para Becerra a una condena de año y medio de prisión.