El voto particular estima que la bodega Stratvs puede ser legal

El magistrado presidente discrepa íntegramente del fallo emitido por sus compañeras de Sala que acuerda condenar a ocho de los diez acusados, entre ellos la propia alcaldesa de Yaiza, cuatro ediles de este ayuntamiento, el ingeniero municipal y el secretario de la corporacion por entender que otorgaron la licencia de actividad para la bodega en 2008 de forma irregular, y aunque deja claro que discrepa de dicha condena señala que lo hace de distinto grado con cada uno de los acusados.

Antonio Doreste -que emite un voto exhaustivo del fallo de es crítico con la condena y «con el relato fáctico de algunos hechos «que tiñen la neutralidad de los hechos probados»- Inicia su alegato analizando la restrictiva doctrina jurisprudencial en torno a la prevaricación y el riego de las acusaciones en de hechos incardinarse en tipos penales «en blanco» pues en ellos la normativa urbanística es en general muy compleja y variable en virtud de los cambios en los instrumentos de ordenación.

El magistrado aboga por una doctrina jurisprudencial penal cautelosa para apreciar el tipo objetivo de la prevaricación y pone el acento en la dificultad de los órganos penales entrar a conocer la ilegalidad de las actuaciones administrativas que en esta materia puedan cometer funcionarios y órganos de decisión política, pues solo puede detectarse la prevaricación cuando la infracción del ordenamiento urbanístico o ambiental sea de todo punto clara y patente, grosera y ajena a toda interpretación, y en este sentido señala que el conocimiento de los órganos penales en materia urbanística es inferior a los del orden jurisdiccional contencioso administrativo y de ahí el riesgo de condenar actuaciones como la de este causa.

De este modo, el magistrado ilustra su alegato con una ristra de sentencias en la vía penal que después acabaron absolviendo al acusado en la jurisdicción contencioso administrativo, por entender que no existió infracción del ordenamiento urbanístico con el correspondiente daño causado a los acusados y condenados. En este sentido el magistrado propone actuar con cautela y cita una sentencia del Juzgado de lo Penal de Arrecife relativo a otra bodega también de La Geria en una situación igual en la que se absuelve a los acusados.

Tras este amplio preámbulo el magistrado expresa su oposición a la condena de ocho de los 10 acusados y de este modo menciona al secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, condenado 14 años de inhabilitación por prevaricación y contra la ordenación del territorio, y al técnico Andrés Morales González, por prevaricación. A ambos se les condena por no informar desfavorablemente a la concesión de la licencia de actividad, mientras que para el magistrado, la actuación de Bartolomé en su condición de secretario actuó correctamente pues procedía tramitar el expediente.

Manifiesta también el magistrado su «oposición a la condena de la Alcaldesa y del Concejal Delegado de Urbanismo José Antonio Rodríguez, por conducta omisiva al no actuar (al no precintar) la actividad que contaba con licencia (la bodega y el bazar situado en la vivienda y almacén rehabilitados), frente al precinto de la actividad que no tenía licencia (la de restaurante).

Su actuación, dice el magistrado, no puede encajar en la modalidad de delito por omisión. Cree que no hubo pasividad municipal en ejecutar la clausura del resto de actividades de la bodega, ni hubo delito por omisión. Insiste en que no sólo no hay prevaricación en la actuación de la alcaldesa y los concejales, sino «que lo que hubiera sido indiciariamente prevaricador hubiera sido lo contrario: denegar la Licencia, es decir, que hubieran hecho lo que la sentencia parece sugerir (porque es la única alternativa a su razonamiento condenatorio): resolver en contra de los informes».

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