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El jefe del área de Ayuntamientos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que realizó una extensa pericial sobre los presuntos contratos menores irregulares que se realizaron en el Ayuntamiento de Arrecife, a empresarios amigos de los imputados por el caso Unión, dijo ayer en la vista oral que en la mayoría de los mismos no constan los documentos de aprobación y propuesta del gasto y existencia de crédito, añadiendo que «tampoco que lo que se contrató se ejecutó, que hubo trato privilegiado, no se dejó constancia de capacidad de obrar y habilitación profesional, faltaron facturas y que todos los procedimientos carecieron de «transparencia alguna», testificó el perito.
Enrique Salvador Villar ofreció numerosos detalles sobre los contratos que suscribió la Corporación de Arrecife con los empresarios que reconocieron haber recibido o abonado comisiones –Antonio Gómez Ruiz (Estudio de arquitectura paisajista La Palmita) y Jesús Manuel Martín Brito (Infogelanz)– y con Manuel Gregorio Reina Fabre (Construcciones y Reparaciones Reina), que ha sido el único que se ha retractado de haber pagado mordidas, como así confesó en su momento en sede judicial.
Explicó Villar al Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, por ejemplo, como acusados y empresarios fraccionaban las facturas para no superar el importe máximo para los contratos menores de obras –que era de 30.000 euros en aquella fecha–. En uno de los casos, referente a la mercantil Infogelan, dijo como supuestamente habían dividido el monto total del trabajo que ascendía a 36.960 euros en dos expedientes: uno por 29.500 y otro por 7.460, para así ordenar los responsables municipales una adjudicación directa a las empresas que pagaban comisiones sin necesidad de convocar concursos públicos. Preguntado por el fiscal Javier Ródenas sobre qué le parecía esta manera de actuar, el perito respondió sonriendo que era un modus operandi «absolutamente opaco».
En la vista se reprodujo el vídeo de un careo entre los concejales José Miguel Rodríguez –de Hacienda y ya fallecido– y Antonio Machín –de Vías y Obras–. Hay que recordar que Rodríguez reconoció todos los hechos y aceptó una pena de cuatro años y cinco meses de prisión, mientras que Machín no y se negó a contestar a las preguntas del fiscal.
En el careo ambos ediles discutieron sobre si Machín también cobraba comisiones de la empresa Infogelanz, propiedad de Jesús Manuel Martín Brito y a quien llamaban en clave como el de las cabras enanas. Brito confesó tras su detención haber pagado comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos y el pago de facturas.
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