Denuncia ser un indigente a consecuencia del caso Unión

En abril de 2010, en unos días donde estaba en trámite aún de cobrar facturas por servicios prestados al Ayuntamiento de Teguise, por cerca de 188.000 euros, José Ramón Vizcaíno fue arrestado por agentes de la UCO de la Guardia Civil. En el contexto de una nueva fase del caso Unión, resultó detenido, acusado de los presuntos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible, en una pieza centrada en propiedades de Dimas Martín. Comenzó entonces un calvario del que aún no se ha salido.

Es más, este constructor ahora incluso está casi peor que nunca desde entonces, lamenta. Y eso a pesar de que en octubre pasado se ordenó el archivo de la causa, «porque las propiedades las perdí todas». Y con el agravante de que sigue a expensas de cobrar una deuda contraída por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), de más de 100.000 euros, a pesar de tener una sentencia a favor. Y por si fuera poco, no ve visos de que desde Teguise se vayan a liberar los pagos pendientes «cuando todo el mundo cobró, menos yo, es una persecución», lamenta.

Sin propiedades a su nombre, «las perdí todas», y sin techo propio, dado que se vio obligado a paralizar su actividad económica, así como a deshacerse de los bienes, lleva tiempo viviendo de alquiler. Y de aquella manera, pues hace tiempo que no puede pagar el alquiler del inmueble que ocupa en la calle Doctor Juan Negrín de Arrecife. Hay ya incluso tramitado un desahucio, que ha podido esquivar hasta la fecha, tras aplazarse la orden de desalojo donde se marcaba la salida para mediados de mayo.

Con 63 años y en la ruina absoluta, sale adelante principalmente gracias a la modesta ayuda de algún familiar. Incluso se ha llegado a ver obligado a pedir alimentos a Cruz Roja, reconoce, mientras valora el modo en que fue tratado en 2010 por los investigadores. «Con respecto a mí se han inventado las cosas», indica.

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Así las cosas, está valorando si sacar fuerzas para tramitar una denuncia contra la Administración. Para tal fin, eso sí, asume que dependerá de que se pueda asignar un letrado de oficio. Y lo hará al margen de cómo estén actuando otros implicados en la causa, incluidos varios empresarios de Almería.