Ya son 7 de 10 los acuíferos contaminados por nitratos

Jesús Quesada

Martes, 16 de junio 2020, 07:00

Hasta siete de las once masas de agua subterráneas de Canarias que están contaminadas por nitratos de origen agrario se localizan en Gran Canaria según recoge la revisión del decreto del Gobierno regional por el que en el año 2000 se determinaron esas masas y se designaron las zonas vulnerables por dicha contaminación.

Veinte años después, el decreto que entra hoy en vigor amplía las masas contaminadas en la isla a siete de sus diez acuíferos subterráneos, todos ellos costeros y localizados a una cota inferior a los 300 metros sobre el nivel del mar.

Hasta ahora las masas contaminadas por nitratos de origen agrario eran los acuíferos subterráneos de Gáldar, Guía, Moya, Telde y el barranco de La Aldea de San Nicolás hasta una cota de 300 metros. Ahora son las masas Noroeste, Norte, Noreste, Este, Sureste, Suroeste y Oeste, es decir, todas las costeras, excepto la del Sur. Quedan también excluidas las dos mayores, las masas de Medianías del Norte y Medianías del Sur, que incluyen todo el casquete central.

El decreto designa como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario los territorios cuya escorrentía o filtración pueda afectar a la misma, que coinciden con la superficie de las siete masas subterráneas citadas.

A partir de ahora, señala, se deberán realizar y poner en funcionamiento «programas de actuación coordinados con técnicas agrícolas adecuadas, con la finalidad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas».

Prevenir y reducir

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Las consejerías regionales competentes en agricultura y aguas tienen desde hoy 6 meses para elaborar conjuntamente, o en su caso actualizar, los programas de actuación para prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario. Una vez aprobados, será el Consejo Insular de Aguas el organismo que tenga un año para realizar los programas de muestreo y seguimiento necesarios en materia de calidad de las aguas con el fin de modificar, en su caso, la relación de zonas vulnerables y comprobar la eficacia de los programas de actuación realizados.