Un estudio de impacto acústico, requisito para abrir bares o talleres

Gaumet Florido

Viernes, 1 de febrero 2019, 08:29

En Telde solo se actúa contra los ruidos a golpe de denuncia, que los vecinos se quejan de que casi nunca llegan a ningún sitio, o para insonorizar las viviendas próximas al aeropuerto. De resto, reina la anarquía. Hasta ahora. La propuesta de ordenanza de ruido que ya tiene redactada la concejalía de Urbanismo, que dirige la edil Gloria Cabrera (CC), obliga, por ejemplo, a que salas de fiesta, espectáculos públicos, bares, restaurantes, gimnasios, talleres, supermercados, asaderos de pollo, guarderías y similares tengan que aportar un estudio de impacto acústico cuando presenten la solicitud de la licencia de apertura. Advierte, por ejemplo, a los dueños de perros y otros animales domésticos de que deberán adoptar medidas necesarias para impedir que molesten a los vecinos, sobre todo, entre las 22.00 y las 08.00 horas. No permite, ni en la calle ni dentro del hogar, gritar, cantar o hablar en un tono de voz que supere los decibelios permitidos. Y prohíbe obras y trabajos de construcción en edificaciones o vía pública, salvo excepciones, sábados, domingos y festivos.

Son algunas de las normas que se fijan en los 78 artículos, siete disposiciones y cinco anexos de esta ordenanza de protección contra la contaminación acústica, un texto que Cabrera tiene la intención que esté aprobado, al menos inicialmente, este mes de febrero. Eso sí, dependerá de que la oposición le dé el apoyo, porque el gobierno local de NC, CC y CCD está en minoría. Por lo pronto, ya tienen copia. Y Urbanismo, por si sale, se ha dotado de sonómetro.

Una curiosidad. Solo quedan excluidas de las prescripciones de esta ordenanza las acciones militares, la actividad laboral cuando la contaminación acústica se da en el lugar de trabajo, las actividades domésticas o los comportamientos de vecindad (siempre que el ruido que generen esté dentro de los límites permitidos), las campanas de las iglesias y los relojes de los edificios públicos, y las situaciones de emergencia en casos de incendios, sanitarios y similar.

La propuesta se estructura en nueve títulos en los que se define el marco general; los valores límite de decibelios permitidos según la zona del municipio o el tipo de construcción; los criterios que regularán el ruido en edificaciones, actividades y espectáculos públicos, instalaciones y obras en la vía pública, el comportamiento ciudadano, y los vehículos (desde coches y motos a motos náuticas); las medidas cautelares y urgentes o el régimen sancionador, con multas que oscilan entre los 15.000 euros del máximo para las infracciones muy graves o un tope de hasta 1.500 para las leves.

A partir de ahí se sucede una batería normativa, que incluye una que faculta al gobierno local para declarar zonas de protección acústica especial y otras denominadas acústicamente saturadas, para las que el Ayuntamiento se reserva la implementación de medidas temporales tendentes a reducir los niveles sonoros exteriores. Por ejemplo, podrá prohibir o limitar el horario para colocar mesas y sillas en la calle, o suspender temporalmente el permiso, restringir el tráfico, reducir aún más los límites de emisión de ruido o prohibir que abran nuevos negocios.

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Los locales más ruidosos, como discotecas o restaurantes para más de 300 personas, deberán dotarse de un vestíbulo con puertas de aislamiento a la entrada y cierre automático, y de un equipo limitador-controlador de ruidos. El Ayuntamiento les podrá exigir que instalen un sistema de transmisión remota de esos registros. Ese aparato deberá instalarse también en los equipos sonoros de las verbenas de los barrios, que deberán pedir permiso al menos 15 días antes. Si exceden el ruido, la Policía Local podrá suspenderlas. Se prohibirá la megafonía publicitaria, salvo la electoral, la de las fiestas o la del Ayuntamiento. Y se regula el ruido de las alarmas de los coches.