Cuenta atrás para Rita y sus hijos

Otra vez está Rita Pérez con el corazón en un puño. Hace casi dos meses una sentencia le anunciaba la inminencia de un aviso de desahucio de la casa en la que reside en Las Huesas. Este lunes aquel augurio judicial cobró forma. Le notificaron formalmente que tiene un mes de plazo para abandonar la vivienda de promoción pública que le sirve de techo, a ella y a sus dos hijos, en la calle Paseo del Poema, en Las Huesas. El problema es que apenas tiene ingresos. Solo percibe 120 euros de manutención del padre de su hija, un bebé de dos años y un mes de vida. Su otro hijo ya tiene 19 años, pero también depende de su madre.

La casa en la que residen no les pertenece. Harta de verse sin un lugar donde vivir, decidió okuparla en noviembre de 2015 tras comprobar que «llevaba años deshabitada». Le consta, asegura, porque su hermana vive justo enfrente, en el mismo bloque. La titular del contrato de adjudicación de la vivienda la demandó ante los tribunales y le ganó el juicio por dos veces, en primera y segunda instancia, por lo que la decisión judicial ya es firme y Rita Martín se ve obligada a dejar la casa.

Tenía claro cuál sería su destino más inminente, pero no de cuánto tiempo dispondría. Ahora ya lo sabe. El letrado judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde dictó este lunes una diligencia de requerimiento en la que advierte a Rita Pérez Martín de que, de acuerdo a los términos de la última sentencia que decidió en su contra la Audiencia Provincial, el 5 de abril de 2019, tiene un mes para dejar libre esa vivienda. «Con el apercibimiento expreso de que de no verificarlo se proceda a su lanzamiento por la Fuerza Pública».

La noticia le cayó como un jarro de agua fría. No por esperada iba a ser menos desasosegante para ella y para sus hijos. Está preocupada. Se agarra al compromiso público que le hicieron tanto el Ayuntamiento de Telde como el Gobierno de Canarias de que no se vería finalmente en la calle, de que le buscarían una alternativa habitaciones, por eso este lunes hizo llegar copia de esa notificación a las dos administraciones. «Pero ¿qué hago ahora? No me han dicho nada. ¿Me espero o me pongo ya a embalar mis cosas?», se preguntaba ayer en voz alta. Vive en un mar de incertidumbre. Con todo, confía en que al menos Gobierno y Ayuntamiento logren que el juzgado frene el lanzamiento. «Me dijeron que en 15 días vendrán a ver si sigo aquí».

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