Los campistas no se moverán

El ruido de un tractor levantando los restos de caravanas fantasmas despierta desde hace varias semanas a los residentes del camping de Arguineguín. Lo que hace un mes era una comunidad de 25 familias y 300 caravanas, ahora son 70 con niños, ancianos y personas con movilidad reducida sin otro lugar al que ir, y afirman que no piensan moverse de su sitio a pesar de que CanaryCamping, la empresa responsable de la gestión del lugar, advirtió que el 31 de enero era la fecha límite para abandonar los terrenos después de siete años de apertura.

Fue en pleno diciembre, con el trajín de gastos de las navidades y una vez pagado el canon de 150 euros, cuando los usuarios se percataron de un cartel que avisaba de la próxima clausura del camping a la falta de una licencia que permitiera la actividad. Ningún aviso previo. Ninguna alternativa hasta la fecha.

De poco les han servido sus quejas al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde están empadronadas trece familias que residen permanentemente en el camping, pidiendo «una solución digna».

De momento, tratan de sortear la presión como pueden: afirman que la retirada de las vallas que cercaban la zona les ha creado inseguridad; que han tenido que llamar personalmente a los servicios del agua, el gas y al propio panadero para que continuaran entrando en el recinto, contradiciendo a los gestores; y esta semana, además, han echado tierra al lugar donde vertían los residuos de los baños químicos, advirtiéndoles, eso sí, de la consecuente multa si decidieran tirarlos al barranco.

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Carmen Delia ha sido durante dos años usuaria del camping de Arguineguín. Se queja de haber luchado durante mucho tiempo por un espacio donde aparcar legalmente su caravana, ya que asegura que la han echado de numerosas playas y esta «mala gestión de propietarios» ha sido la gota que ha colmado el vaso.

«Somos la única isla de Canarias sin una zona legal de acampadas, sólo pedimos eso, tanto por los usuarios como por los residentes», explica la que se ha alzado como portavoz de los afectados. Asegura que ha pedido citarse con el alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana sin éxito, y que le han pedido tramitar el asunto a través de una abogada. Sin embargo, ni Carmen Delia ni el resto de usuarios se dan por vencidos a pesar del desazón: «Esto ahora parece un cementerio, pero sabemos que hay personas interesadas en gestionarlo, y seguiremos perseverando».

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En tan solo el último año de actividad de la zona de acampada, la empresa gestora CanaryCamping, S.L. habría cobrado una media de 150 euros mensuales a 300 caravanas. Un total de 540.000 euros que podrían haberse recaudado fuera de la legalidad, y podrían exigir los usuarios, a falta del decreto de un juez..