San Bartolomé y Mogán exigen usar el superávit

La previsible prolongación de la inactividad turística más allá de finales de abril en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, los dos pulmones económicos de la isla, comienza a desesperar a los responsables políticos de ambas administraciones, quienes están viendo como día a día se incrementa no solo las demanda de apoyos por parte de los pequeños y medianos empresarios, sino de cientos de familias que poco a poco se están viendo sin ingresos como consecuencia del cero turístico ocasionado por la pandemia del coronavirus, Covid-19.

Con este panorama por delante, cuya calificación es literalmente dramática, los municipios abogan desde hace tiempo por la necesidad de que Madrid permita la utilización de forma escalonada de los superávit presupuestarios que se encuentran cautivos en las entidades bancarias, unos 166 millones en el caso de San Bartolomé de Tirajana y más de 40 millones en Mogán.

«Esto es todo un contrasentido», opina la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien ante esta situación sigue sin entender «cómo es posible que el Gobierno de España no autoriza flexibilizar las medidas que impiden el uso de esos dineros para atender las demanda de las pymes y de las familias que se han quedado sin ingresos como producto de la crisis del Covid-19».

Onalia Bueno sugiere, entre su propuestas, que los bancos de dejen de cobrar ya ese 0,5% que se llevan por el dinero que las entidades locales tienen depositado en la banca, y que al mismo tiempo se permita que los fondos de esos superávits municipales, se comiencen a liberar de una forma escalonada a través de programas o proyectos destinados a impulsar la reactivación de la economía, a ayudar a las personas más necesitadas, y a facilitar la reapertura de manera paulatina de los pequeñas y medianas empresas.

«La incertidumbre es mucha y la preocupación por el futuro del municipio es muy pero muy grande», expresaba ayer la regidora del municipio de Mogán, quien ya comienza a detectar graves problemas en todos los sectores vinculados a la actividad turística.

Los empresarios le demandan ayudas, que les condonen los impuestos, tasas y demás tributos, pero la administración sin autorización del Ministerio de Hacienda no está en condiciones para llevar a cabo eso, sino solamente aplazar los pagos y fraccionarlos. «Me piden que les condone el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y sin una resolución de Madrid no estamos autorizados a hacerlo», se justificó Onalia Bueno, quien barrunta tiempos muy duros.

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