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EFE / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 27 de julio 2017, 15:04
Ante el anuncio del recurso contencioso administrativo presentado por la organización ecologista Turcón contra la licencia de obra para la canalización del barranco, Morales ha manifestado que no cree que suponga ningún problema para el proyecto ni que ponga en peligro la inversión que llevarán a cabo sus promotores, la familia Kiessling.
Morales ha recordado que contra este proyecto se han presentado otros recursos en los que se pedía de manera cautelar su paralización y se han rechazado, por lo que cree que esta nueva acción judicial tampoco interferirá en la futura obra.
El presidente, que además ha indicado que no le consta que la empresa haya recibido la licencia de obra contra la que se opone Turcón, ha afirmado que el proyecto no presenta ningún tipo de afección al yacimiento arqueológico que se encuentra en ese enclave, según los técnicos del Cabildo y del Gobierno canario que se han pronunciado al respecto.
Morales ha hecho hincapié en que «todo el proyecto cumple con todos los requisitos, pues de otra manera no podría obtener licencia».
En la acción judicial emprendida por Turcón, la organización pide que se adopten medidas cautelares, por entender que peligra la integridad del patrimonio arqueológico que se halla en la zona, y solicita que se suspenda la licencia concedida por el Ayuntamiento el pasado 7 de julio, y todas las acciones de transformación y urbanización que pudieran desarrollarse.
Según el colectivo Turcón, el proyecto de canalización y el parque temático que se pretende realizar «no se ha ajustado al planeamiento vigente y al marco normativo actual».
Además, sostiene que es «imposible» realizar las obras «sin invadir y destrozar parte de la zona arqueológica delimitada y protegida por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.
La canalización del barranco que se pretende «agrede los valores arqueológicos e históricos hallados en El Veril, según Turcón, que expone que «el cauce público que se va a ocupar es patrimonio de todos, así como otros elementos naturales e históricos presentes en El Veril».
Los ecologistas de Turcón consideran que con la acción judicial emprendida intentarán defender lo público en los tribunales de justicia, puesto que las administraciones públicas «no han querido garantizar su protección».
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