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El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó este martes en el Parlamento que se está en disposición de adjudicar en febrero la segunda fase de la nueva carretera de La Aldea, tramo Agaete-El Risco. De esta manera respondió a la diputada del grupo Popular Australia Navarro.
Rodríguez afirmó que «el proceso de licitación de la obra de la segunda fase de la carretera de la Aldea se inició a finales del pasado mes de julio a pesar de que no contábamos con el convenio de carreteras». El nuevo convenio de carreteras se firmó el pasado 22 de diciembre y la intervención general tenía condicionado el proceso de adjudicación a su firma. «De esta forma», añadió, «hemos aprovechado el tiempo, porque desde que se rubricó el nuevo convenio se está actuando con total diligencia y con la mayor celeridad para adjudicar la obra lo antes posible, siempre cumpliendo con los trámites necesarios».
A final de septiembre finalizó el plazo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas y se abrió el sobre número 1.
Una empresa presentó una reclamación al quedar fuera su oferta y, tras la resolución del Tribunal de Contratación y una vez resuelta la reclamación a final del pasado mes de diciembre, el procedimiento se volvió a poner en marcha. El 28 de diciembre se abrió el sobre número 2 con las cuatro propuestas técnicas presentadas por las cuatro UTE que optan al citado concurso. «Ahora estamos a la espera de la evaluación de esas propuestas para proceder a la apertura del tercer sobre y emitir una propuesta de adjudicación», apuntó el vicepresidente, quien aseguró que «debido a la complejidad de la obra, con 2 viaductos, 7 túneles, un túnel doble, una orografía complicada y un alto nivel de protección medioambiental, los técnicos requieren un tiempo prudencial para un análisis riguroso y que garantice una evaluación justa», afirmó.
Recordó que cuando llegó a la Consejería, se encontró un proyecto aprobado en 2009, «por lo que ha sido necesario adaptarlo a la normativa vigente, revisar precios e incorporar mejoras técnicas al mismo».
El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó ayer en el Parlamento que se está en disposición de adjudicar en febrero la segunda fase de la nueva carretera de La Aldea, tramo Agaete-El Risco. De esta manera respondió a la diputada del grupo Popular Australia Navarro.
Rodríguez afirmó que «el proceso de licitación de la obra de la segunda fase de la carretera de la Aldea se inició a finales del pasado mes de julio a pesar de que no contábamos con el convenio de carreteras». El nuevo convenio de carreteras se firmó el pasado 22 de diciembre y la intervención general tenía condicionado el proceso de adjudicación a su firma. «De esta forma», añadió, «hemos aprovechado el tiempo, porque desde que se rubricó el nuevo convenio se está actuando con total diligencia y con la mayor celeridad para adjudicar la obra lo antes posible, siempre cumpliendo con los trámites necesarios».
A final de septiembre finalizó el plazo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas y se abrió el sobre número 1.
Una empresa presentó una reclamación al quedar fuera su oferta y, tras la resolución del Tribunal de Contratación y una vez resuelta la reclamación a final del pasado mes de diciembre, el procedimiento se volvió a poner en marcha. El 28 de diciembre se abrió el sobre número 2 con las cuatro propuestas técnicas presentadas por las cuatro UTE que optan al citado concurso. «Ahora estamos a la espera de la evaluación de esas propuestas para proceder a la apertura del tercer sobre y emitir una propuesta de adjudicación», apuntó el vicepresidente, quien aseguró que «debido a la complejidad de la obra, con 2 viaductos, 7 túneles, un túnel doble, una orografía complicada y un alto nivel de protección medioambiental, los técnicos requieren un tiempo prudencial para un análisis riguroso y que garantice una evaluación justa», afirmó.
Recordó que cuando llegó a la Consejería, se encontró un proyecto aprobado en 2009, «por lo que ha sido necesario adaptarlo a la normativa vigente, revisar precios e incorporar mejoras técnicas al mismo».
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