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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni satisfizo los requerimientos de información de la asociación cívica, al amparo de la ley de transparencia y acceso a la información pública, ni atendió las resoluciones del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que facilitara la información solicitada por el colectivo ciudadano. Por este motivo, tres jueces diferentes han condenado en costas al Consistorio por inactividad y le obliga a entregar la documentación requerida.
El colectivo había solicitado acceso al informe de KPMG sobre Emalsa; al expediente de creación del comité técnico asesor que supervisó el contrato de saneamiento y asesoró al Ayuntamiento en lo relativo al servicio de producción y distribución de agua; y, por último, al dosier de Citynet, que ha desplegado una red de fibra óptica en la ciudad a lo largo de veinte kilómetros, a través del alcantarillado.
«Algo intentan ocultar», denunció ayer el secretario de la asociación, Agustín Bravo de Laguna, «no es normal que el Ayuntamiento no conteste en año y medio».
A día de hoy, el Ayuntamiento aún no ha cumplido dos de las tres sentencias judiciales firmes.
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