«Nos quitamos un gran peso de encima, esperábamos lo peor»

Javier Darriba

Viernes, 29 de marzo 2019, 04:19

Estaban en su casa, esperando el desahucio. Los tres niños de Nereida y Natalia, las dos hermanas que se enfrentaban a un lanzamiento en la Vega de San José, pasaron la noche en casa de una vecina «para que no vivieran esto». Se temían lo peor, hasta que la abogada Isabel Saavedra, que colabora con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, pudo hablar con el procurador de los propietarios de la casa, quien les confirmó que el desahucio se aplazaba como consecuencia del reinicio del procedimiento.

«No podía haber un desahucio sin notificación a las afectadas», aseguró Saavedra, quien calcula que desde que se pida el desalojo hasta que el juzgado notifique a las dos hermanas el lanzamiento puede pasar un mes.

«Hasta me eché a llorar», evoca Nereida, «se nos quitó un peso de encima porque nos esperábamos lo peor». Las dos hermanas contaban las horas para que los niños vinieran del colegio y poder contarles que se quedaban en su casa actual. «Cuando les dijimos lo que podía pasar, el grande nos preguntaba por qué, y el pequeño decía que él se quedaba», explica en relación a los niños de once y nueve años. El tercero solo tiene cinco años de edad.

El tiempo corre ahora de su parte, pero el desahucio no ha desaparecido de su horizonte vital, al menos como posibilidad. Por eso, la abogada que las asesora va a mediar con los representantes de la propiedad «para ver si les alquila la casa».

«Esperaremos a que nos llegue la notificación y veremos si podemos llegar a un acuerdo con el dueño para que nos alquile la casas», añadió la afectada.

Pero eso requiere que, al menos, una de las dos hermanas consiga trabajo ya que los 215 euros que le quedará del subsidio de desempleo no les da mucho margen de maniobra. «Intentaré buscar un trabajo, me busco la vida para pagar el alquiler con tal de quedarnos y que los niños no tengan que sufrir más mudanzas», asegura Nereida, quien trabajó de camarera, a media jornada, hasta el mes pasado.

Otra opción radica en la posibilidad de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les facilite una ayuda de alquiler. El año pasado, el Consistorio concedió 854 prestaciones de este tipo, por un importe de 1,2 millones de euros.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, cree que lo que se ha ganado «es una tregua, pero la familia hoy (ayer para el lector) dormirá tranquila, y eso es muy importante».

En su opinión, lo que debería hacer ahora el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es «dejarse de tonterías y cálculos electorales, interesarse de verdad por la situación de esta familia y poner sobre la mesa una solución real, digna y de urgencia».

Para él, el Consistorio debería «contactar con el propietario de la vivienda y comprometerse a facilitar una ayuda para que ellas -se refiere a las dos hermanas víctimas del desahucio- puedan hacer frente al alquiler o una alternativa habitacional directa, en modo de vivienda en régimen de alquiler social».

El grupo de gobierno explicó el miércoles pasado que no podía ofrecer un techo a las jóvenes porque el desahucio no iba en su contra, sino de otra persona.

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Para la abogada Saavedra, este posicionamiento burocrático es «inaudito porque la realidad es la que es».