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La presidenta de la asociación de vecinos Ladera de Cuyás, Dunia Álamo, lamentó ayer que las obras de contención del talud que se desplomó la semana pasada sobre Paseo de Chil vayan a requerir tres meses de trabajo, durante los cuales los vecinos tendrán que permanecer fuera de sus casas. En todo caso, la representante vecinal se mostró comprensiva con estos plazos ya que lo que debe primar ahora es garantizar la seguridad de las viviendas. «Nos parece mucho tiempo, pero es la seguridad lo que impera», señaló.
De las dieciséis casas que se levantaron en la Ladera de Cuyás, la mayor parte como cuartos de aperos de las antiguas plantaciones de lo que hoy es Tomás Morales, cinco fueron desalojadas. Sus ocupantes están ahora alojados en un hotel de la capital grancanaria, cuyos gastos sufraga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Los vecinos necesitan ahora acceder a sus casas porque no esperaban que el periodo de reparación durase tanto. Y para ello necesitan la colaboración de los bomberos. «Todos están muy bien atendidos pero hay que ponerse en la piel de estos vecinos y verse que en tres meses no puedes volver a tu casa», aseguró la presidenta de la asociación Ladera de Cuyás, «sabíamos que no era una obra sencilla pero pensábamos que en un mes podríamos entrar en casa».
Para los que no fueron desalojados, la preocupación sigue latente. «Vamos a ver lo que pasa», explica Dunia Álamo, quien en todo caso se mostró confiada con las soluciones técnicas. «Nos han dicho que nuestras viviendas están en buena situación y que esto quedará muy bien», detalla, «nos dijeron que se pondrían en contacto con nosotros para explicarnos qué van a hacer realmente».
Los vecinos sí se quejan de la falta de vigilancia que hay en las casas. «La Policía Local viene cada dos o tres horas, pero es insuficiente», denunció la representante vecinal.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aclaró ayer que los terrenos donde se asientan las viviendas fueron adquiridos por una inmobiliaria que quebró con la crisis económica. Esto hizo que la finca acabara en las manos del Banco Santander, que la gestiona a través de la sociedad Altamira Inmuebles. «Pidieron que el Ayuntamiento ejecutara la expropiación del terreno antes de la caída de la ladera», detalló el edil de Urbanismo, quien recordó que la finca aparece desde hace más de tres años regulada en el Plan General de Ordenación, con lo que sus dueños pueden exigir el inicio del procedimiento expropiatorio.
Doreste indicó que el planeamiento municipal ordena este suelo como uso dotacional. «La idea era hacer una conexión entre la Ciudad Alta y la Ciudad Baja a través de la Ladera del Cuyás», expuso. En todo caso, aclaró que «el Ayuntamiento está dispuesto a darle una solución a los vecinos, pero teniendo en cuenta que es una propiedad privada y que el Ayuntamiento no tiene el título de propiedad».
El edil indicó que Altamira «se puso en contacto desde primer momento con el Ayuntamiento cuando se produjo el desplome sobre el Paseo de Chil, pero más allá de la reparación debe buscar una solución para estas familias»
Los vecinos, en cambio, defienden que sus casas no pertenecen a nadie más y que hay familias que llevan más de cien años en ellas. Los contratos de luz y agua, por ejemplo, son de los años 60.
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