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«Como el Ayuntamiento y Guaguas Municipales no nos han hecho caso, hemos utilizado la última vía que nos quedaba, que era la parte jurídica». Así justificó este lunes Mario Hernández Sanginés la presentación del interdicto por la vía contencioso-administrativa que la Plataforma contra la MetroGuagua, que él preside, formalizó en la Ciudad de la Justicia para reclamar «la paralización de la obra».
Los portavoces de la organización ciudadana, que agrupa a asociaciones vecinales de Ciudad Jardín y Alcaravaneras así como a comerciantes de la zona y a la Mesa del Taxi de la capital -integrada por siete asociaciones y dos cooperativas- explicaron que el pasado 24 de enero presentaron un escrito al Ayuntamiento al que no ha respondido la entidad local; y que acogiéndose a ese silencio administrativo, han presentado la solicitud, vía contencioso-administrativa, de paralización de la MetroGuagua.
Sanginés, que avanzó que realizarán «otras medidas de presión», insistió en que «lo normal sería que una administración pública estuviera al servicio de los ciudadanos» y se preguntó «quién va a ganar dinero con esta historia».
Además, lamentó la falta de información sobre el proyecto y habló de las irregularidades que la plataforma ha detectado y les ha llevado a pedir su suspensión. Así, dijo que no se ha presentado «a la opinión pública», no se ha hecho «un concurso» y se han saltado «todas las normas habidas y por haber de carácter jurídico-administrativo y de participación ciudadana».
Asimismo, Ángel López Torné, vicepresidente de la plataforma e ingeniero de profesión, indicó que «no estamos en contra del transporte público ni de que Guaguas mejore el servicio al ciudadano», pero sí a que «al hacer algo que es innecesario, se perjudique al resto de los habitantes de la ciudad».
A su juicio, el proyecto no ha tenido «los estudios previos necesarios». Por ello cree que «al no haberse hecho un estudio a fondo de las necesidades de la ciudad y de los planteamientos necesarios» para solucionarlas, «han iniciado un procedimiento sin una base técnica y jurídica».
Vecinos y comerciantes del entorno de Pío XII acudieron a apoyar a la plataforma ciudadana. También los ediles de Cs en el Ayuntamiento capitalino y representantes del sector del taxi, que desde el principio ha respaldado la postura que defiende la organización contraria al proyecto.
Así, Francisco Reyes, presidente de la Atat, aclaró que «no estamos en contra de que el transporte público colectivo funcione bien», pero abogó por buscar «alternativas que sean más eficaces y eficientes» que la MetroGuagua.
Por su parte, Gorky Bethencourt, portavoz de Asprotac, calificó el proyecto municipal de «sinsentido» y aseguró que va a costar «un dineral» y «va a alejar a la ciudadanía del taxi».
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