Líos de contratos en limpieza

De los últimos veinte años que conforman la vida laboral de José Martín Castillo, más de catorce los ha pasado en el servicio de recogida de residuos sólidos, entrando y saliendo con contratos más o menos largos. Sin embargo, en enero de 2017 presentó una demanda por despido improcedente, que ganó en los tribunales. En abril, el Ayuntamiento optó por indemnizarlo y lo excluyó de la bolsa de trabajo. Sin embargo, el Consistorio recurrió la sentencia y en noviembre obtiene una sentencia favorable que justifica el despido, con lo que el trabajador entiende que se debería mantener su nombre en las listas de sustitución. Por eso, José Martín remitió un escrito al servicio para que se le reconociera al menos que forma parte de la bolsa de empleo. «Desde entonces hasta ahora no he sido llamado», explica este trabajador que ha estado batallando por que se le reconozca su condición de indefinido no fijo.

«He sido penalizado por defender mis derechos», lamenta Castillo, quien echa en falta que las contrataciones «se hagan con criterios que no atienden a la antigüedad».

Aunque a él nadie le ha respondido, desde el Consistorio se aseguró sobre su caso que «se tendrá que apuntar a la bolsa de empleo que se hará nueva en las mismas condiciones que todo el mundo».

Limpieza viaria. Esta desazón la comparten también los sindicatos Co.bas y Sepca respecto a la nueva oferta pública de empleo que el Ayuntamiento ha anunciado para cinco plazas de peón en el servicio de limpieza viaria.

«Estamos a favor de que se convoquen las plazas por oferta pública pero también sería necesario que se regule y ordene mejor la antigüedad porque hay ya muchos trabajadores que tienen una edad avanzada y a pesar de conocer muy bien el servicio se pueden ver perjudicados, sobre todo a la hora de configurar las listas de reserva», explica César Santana, de Co.bas.

Aunque la oferta de empleo sí puntúa la antigüedad, el representante de los trabajadores considera que no lo hace de un modo suficiente. «La gente se siente molesta porque hay un tope a partir del cual ya no se valora más y así se reconoce el mismo mérito a una persona que lleve unos pocos años que a una que lleve quince o más», añade.

En la misma línea se manifiesta Carmelo Martorell, de Sepca, al asegurar que «hay gente de bastante edad que lleva muchos años en el servicio, y aunque tengan experiencia, no se les da la oportunidad de estabilizar ese puesto». En su opinión, «lo que debería interesar al Ayuntamiento es que la gente sepa barrer».

Los sindicatos también se han mostrado contrarios a la introducción de pruebas físicas (test de Cooper y lanzamiento de balón medicinal) para la selección de los barrenderos, una exigencia que fue erradicada en los procesos selectivos del servicio desde el año 1994.

Además, el hecho de incluir estas pruebas físicas en la oferta de empleo encarece las tasas que deben pagar los interesados en obtener una plaza hasta los cuarenta euros. De no aplicarse la exigencia física, los aspirantes solo tendrían que pagar 10 euros por presentarse al examen.

«Nos parece que hay un afán recaudatorio», denuncia Santana, «entendemos que haya tasas para acceder a una oferta pública de empleo, pero esos cuarenta euros nos parecen excesivo», en especial si se confirma el hecho de que no superar las pruebas determina la exclusión de las listas de reserva, algo que este periódico no ha podido confirmar.